En su ensayo El contrato social, Jean-Jacques Rousseau introdujo una idea que ha persistido a lo largo de los siglos y que hoy tiene una vigencia particularmente relevante: la soberanía reside en el pueblo. Este principio establece que el poder legítimo proviene de la voluntad colectiva de las y los ciudadanos. Así, el contrato social es un acuerdo entre individuos, para formar una comunidad política que les permita vivir en libertad y seguridad, estableciendo un gobierno que emana de su consenso. Esta noción fue revolucionaria en su tiempo y sigue siendo relevante en el contexto de las democracias modernas.
De igual manera, el filósofo suizo defendió que la verdadera libertad de una sociedad radica en su capacidad para determinar su propio destino. Para él, esta no es simplemente la ausencia de restricciones, sino la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones que afectan a la comunidad. Este enfoque implica que cada ciudadana y cada ciudadano tienen un papel vital en el funcionamiento del Estado y que su voz es esencial para la construcción de una sociedad justa.
Rousseau subraya que la legitimidad de un gobierno se deriva de su capacidad para reflejar la voluntad general del pueblo. Sin confianza en los mecanismos democráticos, el tejido social se desintegra, dando lugar a conflictos. Por tanto, es esencial que las instituciones (como las encargadas de gestionar y llevar a cabo las elecciones) actúen con transparencia y equidad, asegurando que cada voto cuente y que los resultados reflejen la decisión popular. Este principio es vital no solo para la estabilidad interna de un país, sino también para su relación con la comunidad internacional.
En este contexto, el caso de Venezuela ilustra claramente los desafíos que surgen cuando se cuestiona y se pone en duda un proceso electoral. Hoy, esta nación hermana vive una crisis poselectoral, tras los comicios presidenciales del 28 de julio. La presión internacional exacerbó las tensiones internas, mientras que las instituciones electorales luchan por mantener el control del proceso. La audiencia convocada por el Tribunal Supremo para verificar los resultados y la reafirmación del triunfo del presidente Nicolás Maduro por parte de la Comisión Nacional Electoral contrastan con el reconocimiento como triunfador del opositor Edmundo González por parte de varios países, incluidos Argentina, Ecuador, Uruguay y Costa Rica, todos alineados con Estados Unidos, que ya hizo lo propio a través de su Departamento de Estado.
En este escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que es crucial respetar la soberanía venezolana. Por ello, hizo un llamado a evitar el intervencionismo, subrayando que esa nación no pertenece a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que, en consecuencia, su elección no debe ser calificada por ese organismo. México, junto con Brasil y Colombia, aboga por la prudencia y el respeto a la autoridad electoral venezolana, recordando que el pueblo soberano es el que decide su destino.
El caso de Venezuela contrasta notablemente con la reciente elección presidencial en México, que se llevó a cabo sin contratiempos, lo cual dejó lecciones importantes.
La elección del pasado 2 de junio es un recordatorio de que, cuando se respetan las reglas del juego democrático y la voluntad popular es aceptada, se fortalece la confianza en las instituciones y se avanza hacia una sociedad más justa. El contraste con Venezuela pone de manifiesto la importancia de respetar las decisiones soberanas de los pueblos y evitar injerencias externas, que no hacen sino aumentar tensiones.
México es ejemplo de cómo una transición pacífica y ordenada puede marcar el rumbo hacia un futuro más prometedor en la región de América Latina. A final de cuentas, la verdadera soberanía y legitimidad de un Gobierno radican en la confianza y aceptación de su pueblo; un principio que Rousseau habría reconocido como fundamental para la prosperidad de cualquier nación. A medida que avanzamos, es crucial recordar que el respeto a la voluntad popular es la clave para construir un porvenir más justo y equitativo.
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