Un 25 de noviembre de 1960 son asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, opositoras al dictador derechista Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Un 7 de febrero del 2000, 40 años después, la Asamblea General de la ONU aprueba conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, gracias a la tenaz lucha del movimiento feminista latinoamericano.
Así, año tras año, el trágico día se convirtió en una fecha para denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo y para reclamar políticas públicas en todos los países para su erradicación.
La jornada para reivindicar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia avanzó conforme la violencia contra la mujer se definió como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas para tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto se produzcan en la vida pública como en la vida privada.
La definición actual incluye la violencia patrimonial o económica, así como la violencia obstétrica, política, digital y mediática, por ser un problema estructural que afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta la muerte, cuyo origen está en la cultura patriarcal machista o de subordinación al género masculino y en el sistema capitalista que impuso la discriminación al género femenino o la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres.
Estamos de acuerdo, como lo han señalado gobiernos, organizaciones no gubernamentales y especialistas, que para combatir la violencia de género y avanzar en su erradicación resulta clave la educación para su prevención, la justicia para evitar la impunidad y la equidad de género para transformar las reglas sociales y los roles históricos de sometimiento de la mujer en los ámbitos social, político, económico y cultural de la vida.
Las claves de la educación, la justicia y la equidad ya están establecidas como políticas públicas por leyes federales y estatales desde hace más de 25 años. Sin embargo, en Nuevo León y en todo México más del 70 por ciento de las mujeres experimentan violencia en el transcurso de sus vidas.
Lo grave es que la violencia más común y cotidiana es la infligida por una pareja íntima en el ámbito familiar, escolar o laboral, la cual incluye los golpes, el abuso sexual y el feminicidio, siendo ésta la violencia que no cesa e, incluso, arreció este 2023 de manera dramática.
Por ello, los gritos de millones de niñas, adolescentes y mujeres retumban cada Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por el hecho de que un hombre asumió el control de su vida; es decir, de su ropa, de sus amigas, de su corte de pelo, de su medio de transporte, de su celular y del poder seguir viviendo en su propia casa.
Esta estructura de dominación y opresión es la violencia anidada en lo profundo de nuestra cultura y se requiere del trabajo conjunto y coordinado entre los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo y de los niveles de gobierno federal, estatal y federal para prevenirla, sancionarla y erradicarla, así como para garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad.
Esto no ocurre a pesar de crecientes presupuestos con perspectiva de género y campañas públicas y privadas para eliminar todas las formas, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. La expectativa es que la situación no cambiará, sino que podría ser más crítica en los años porvenir.
Los informes de la Agencia de la Igualdad de Género de la ONU, revelaron que 89 mil mujeres fueron asesinadas en todo el mundo durante el 2022; de ellas, a 48 mil 800 las mataron sus parejas, exparejas o familiares, siendo un total de cuatro mil 50 feminicidios en América Latina. Nuestro país cerró el año pasado con 947 casos y 102 de ellos en Nuevo León.
Aunque en nuestro Estado, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, siete de cada diez muertes violentas tiene sentencia condenatoria y los perpetradores están presos, este 2023 se han registrado 132 casos, de los cuales 59 están catalogados como feminicidios, al ser cometidos por personas de su círculo de confianza: papás, esposos, exesposos, novios, exnovios y compañeros de estudios y de trabajo.
Ante la violencia machista detonada por el sistema patriarcal y capitalista, no queda más que seguir luchando unidas hasta erradicarla de raíz.