La alimentación adecuada constituye un derecho humano fundamental y como un elemento indispensable para el desarrollo saludable de las personas, así como para la prevención de enfermedades y el mejoramiento de la calidad de vida.
En este sentido, el artículo 4° de la Constitución Mexicana reconoce el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, imponiendo al Estado la obligación de garantizar su efectivo cumplimiento.
En Nuevo León, los hábitos alimenticios de la población han experimentado cambios significativos en las últimas décadas, caracterizados por un incremento sostenido en el consumo de alimentos ultra procesados con alto contenido de azúcares, grasas y sodio, perjudicando una dieta equilibrada y saludable. Esta situación ha contribuido al aumento directo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, lo que representa un grave problema de salud pública y genera una creciente presión sobre el sistema de salud estatal.
La magnitud del problema se refleja en los datos más recientes. Durante el 2025, en el estado de Nuevo León se registraron, en promedio, 5.47 casos nuevos de obesidad por hora, lo que representó un aumento del 29.72 por ciento sobre años anteriores, posicionando a Nuevo León dentro del cuarto lugar nacional en números de nuevos pacientes por obesidad. 2 Por el otro extremo, en el mismo año se observaron aumentos del 22.76 por ciento en los casos de desnutrición de pacientes atendidos por algún grado de desnutrición presentada, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional. Evidenciando los datos una doble carga nutricional que requiere atención inmediata.
La salud pública en Nuevo León enfrenta una crisis silenciosa pero profundamente estructural: la manera en la que nos alimentamos y educamos en nutrición no está funcionando. Los datos oficiales así lo confirman y obligan a replantear de fondo los modelos actuales de orientación alimentaria.
Recientemente se ha detectado un incremento alarmante de obesidad, desnutrición y trastornos de la conducta alimentaria (TCA). En el último año se mostró un aumento dentro de los casos por anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios del 5.71 por ciento dentro del Estado.
La Secretaría de Salud del Estado alertó que 3 de cada 10 niños y 4 de cada 10 niñas entre los 5 y 11 años de edad tienen sobrepeso u obesidad, cifra que aumenta al 50 por ciento entre los adolescentes entre 12 y 19 años de edad.
Algunas de las causas del sobrepeso y obesidad dentro de las niñas y niños se encuentran el consumo de productos procesados con altos niveles de azúcares, grasas trans y sal, además de bebidas azucaradas que son de fácil acceso para los infantes. Los niños que consumen regularmente comida chatarra, los cuales son alimentos con altas cantidades de aditivos químicos, bajo valor nutricional, lotes de
procesamiento y grandes cantidades de grasa, sodio, azúcar, están en mayor riesgo de tener una serie de efectos negativos sobre su salud, como obesidad, caries, sueño deficiente y niveles de energía que suben y bajan constantemente, entre otras más.
En el ámbito escolar, en el país se han implementado políticas públicas orientadas a restringir o eliminar la venta de comida no saludable dentro de los planteles educativos, con el objetivo de proteger el interés superior de la niñez y garantizar su derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como el programa "Vida Saludable", impulsado por el gobierno federal, el cual, entre otras actividades, prohíbe el consumo de comida chatarra en las escuelas. En Nuevo León, dichas medidas representan un avance importante; sin embargo, resulta necesario conocer con precisión los resultados y el impacto real que han tenido sobre la mejora de los hábitos alimenticios y en los indicadores de salud dentro la población escolar. A través de un organismo de supervisión de planteles escolares "mi escuela saludable", aún se registran 1,181 reportes recibidos sobre 602 escuelas en distintos municipios de Nuevo León en relación al incumplimiento de la venta de alimentos no permitidos en las escuelas.
La falta de información pública sintetizada compartida sobre el impacto del programa "Vida Saludable" limita la evaluación de dichas políticas públicas, la cual constituye un elemento esencial para su fortalecimiento y para la mejora de los hábitos alimenticios, así como de los indicadores de salud de la población escolar.
Asimismo, esta falta de información impide la posibilidad de avanzar hacia una coordinación efectiva entre los sectores de salud y educación, así como de fortalecer la vinculación con la participación de las familias y comunidades, necesaria para lograr cambios que sean benéficos.
Ante este panorama, resulta indispensable que las autoridades competentes refuercen las acciones de prevención, orientación y promoción de una alimentación saludable, particularmente sobre los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes. La implementación de estrategias de alimentación saludable no solo impacta de manera positiva en la salud individual, sino que también contribuye al fortalecimiento del desarrollo social del Estado.