No hay marcha atrás, el "desliz" tarifario, diez centavos mensuales, que se presentará en el estado hasta alcanzar los 17 pesos por viaje fue aprobado por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad, IMA, y ya fue publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Es una medida polémica, que seguramente representará un costo político para el gobernador del estado, pero principalmente para su partido, Movimiento Ciudadano, el cual si hoy pasa por horas bajas, seguramente se hundirá en las próximas elecciones debido a la medida tomada por el IMA pero avalada por el gobernador. En términos prácticos la aprobación le será cargada a la cuenta de Samuel.
Una situación de este tipo, que a todas luces tendrá un costo importante debe tener un trasfondo fuerte para ser tomada a pesar de ello, de ahí que sea válido preguntarnos el por qué de esta medida.
Recapitulemos el entorno en que se presenta este tarifazo, en primer lugar, el estado enfrenta un año más sin presupuesto aprobado para el ejercicio anual, en este caso el 2025, los dos años anteriores no hubo presupuesto debido a una decisión directa del gobernador, quien simplemente no envió una propuesta al legislativo para su aprobación y decidió que el presupuesto 2022 con los ajustes de ley era suficiente para sus proyectos.
El 2025 no tendrá presupuesto debido a que el legislativo estatal y el ejecutivo no se pusieron de acuerdo en la forma de distribuir los recursos y la votación en el Congreso local resultó en un empate, lo que dejó al estado sin presupuesto para este nuevo año y con la obligación de ejercer un presupuesto bastante similar al de 2022, lo que seguramente redundará en la falta de recursos para los proyectos de todos los niveles de gobierno.
Es aquí donde entra el sospechosismo, debido a que el aumento tarifario va emparejado al requisito de que las rutas de camiones utilicen la tarjeta Me Muevo, o la aplicación Urbani, con lo cual el gobierno estatal tendrá la oportunidad y la capacidad para "jinetear" ese dinero antes de reportarlo a las empresas del transporte público.
No hablamos de poco dinero, varios miles de millones de pesos anuales, que serían administrados por el gobierno estatal y cuyos rendimientos seguramente resultan aire fresco para la administración de Samuel García.
La calidad del servicio ya se verá más adelante, por lo pronto el gobierno estatal requiere de recursos urgentemente para no quedar varado e inmovilizado en sus proyectos estrella, como el Metro y la propia reestructuración del servicio del transporte público, en pocas palabras, la movilidad del estado.
Subrayemos que no estamos diciendo que el gobierno se quedará con estos recursos, pero sí decimos que su manejo financiero puede dar un respiro a la actual administración estatal.
No vemos de qué manera esta acción vaya a beneficiar a los usuarios del transporte público, menos a quienes utilizan taxis que ahora tendrán un banderazo de casi 40 pesos.