La tragedia de Nicaragua nos concierne y no me digan que la Doctrina Estrada nos expide un salvoconducto para mantenernos al margen de crímenes de lesa humanidad, violaciones a derechos humanos y libertades individuales cometidos por el gobernante -dictador- de un país cercano geográfica y afectivamente.
Bajo el yugo de Daniel Ortega y su cónyuge Rosario Murillo, el país centroamericano se ha convertido en un desastre, ante la indiferencia continental, propicio escenario para la intromisión de países rivales de Estados Unidos, como Rusia, China o Irán. Ortega, combatiente del Frente Sandinista de Liberación Nacional contra la dictadura de Anastasio Somoza, gobernó Nicaragua en un primer periodo de 11 años, de 1979 a 1990. Recuperó el poder en 2007, hace 15 años, siendo reelecto por 5 años más, hasta 2026. Ortega desactivó a sus siete oponentes en la pasada elección presidencial, junto con otros 32 adversarios, políticos, periodistas y empresarios, unos encarcelados y otros en arresto domiciliario. La periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, favorita para imponerse a Ortega en la pasada elección presidencial, fue puesta bajo arresto desde junio de 2021, su hermano Pedro Joaquín, exdiputado igualmente fue detenido, ambos acusados de lavado de dinero y condenados a 8 y 9 años de cárcel. La mayoría de las acusaciones son por traición a la patria y conspiración en perjuicio del pueblo y del Estado.
Un episodio que revela como se las gasta el tiranozuelo nicaragüense fue la denuncia ante tribunales por su hijastra Zoilamérica Narváez en 1998, por haber sido sistemáticamente violada por su padrastro a lo largo de varios años. Testimonio de la abnegada madre: “Hija desagradecida”.
La mano de Ortega se endureció a partir de la revuelta popular iniciada en abril 2018 contra las reformas al Seguro Social, en las que más de 300 nicaraguenses fueron asesinados y 2 mil resultaron heridos por la policía y grupos paramilitares. La paranoia del sátrapa gobernante rebasó los límites de la cordura al ordenar la detención del laureado escritor, premio Cervantes 2007 y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, en el exilio, por actos que incitan al odio, conspirar contra la soberanía y por lavado de dinero.
El desgobierno de Ortega incautó el costoso equipo y se adjudicó las instalaciones del emblemático diario La Prensa -95 años de existencia- propiedad de la perseguida familia Chamorro. Sólo el pasado agosto fueron incautadas las instalaciones y equipos de 23 medios de comunicación de la iglesia católica, radios comunitarios y pequeñas estaciones de televisión. Organizaciones de periodistas y defensa de los derechos humanos en Nicaragua demandaron asistencia de la OEA. El embajador designado por Estados Unidos no será admitido en Nicaragua por sus posiciones “injerencistas”.
La iglesia católica, la voz de protesta más influyente en Nicaragua a través de sus denuncias en los púlpitos, ha sido inclementemente debilitada a través de inusitadas acciones oficiales. El obispo Rolando Álvarez fue detenido también en agosto pasado por realizar “actividades desestabilizadoras e incitación al odio”. Reos de conciencia recurrieron al extremo de declararse en huelgas de hambre, como un desesperado clamor de que las cárceles sean abiertas al escrutinio internacional.
Esta nefasta dictadura familiar debe ser repudiada por la comunidad internacional, incluyéndonos nosotros. Ningún país está exento.