El día 3 de diciembre de 1992, la Organización de las Naciones Unidas declaró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
En este mismo sentido a través del tiempo se han desarrollado grandes progresos para que el mundo sea más accesible para las personas que viven con discapacidad; sin embargo, se requiere mucho más trabajo para satisfacer sus necesidades, pues a menudo carecen de la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos humanos, y con frecuencia son excluidos de la vida económica y social.
Según resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI, en Nuevo León viven 806 079 personas con discapacidad y limitaciones en la actividad cotidiana, las cuales representan el 13.9% de la población del Estado, esto quiere decir, que 38 de cada mil ciudadanos sufren de alguna discapacidad y, en consecuencia, sufren de discriminación en áreas laborales, académicas, de salud, etcétera convirtiéndolos en víctimas de vulneración de derechos.
En la jurisdicción nacional, se establece por mandato legal que el Estado tiene la obligación de fomentar, salvaguardar y garantizar de manera integral el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Este compromiso implica asegurar la completa integración de este segmento en la sociedad, en un contexto que promueva el respeto, la igualdad y la equidad de oportunidades. Para alcanzar este propósito, resulta fundamental la formulación de políticas públicas específicas.
Las políticas públicas en materia de discapacidad son cruciales para garantizar la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Estas políticas buscan abordar las barreras que limitan su participación en la sociedad, promoviendo la accesibilidad, la inclusión y el respeto a sus derechos fundamentales. Además, orientan esfuerzos para mejorar condiciones de vida, ofrecer servicios adecuados y fomentar la sensibilización en la comunidad, contribuyendo así a construir una sociedad más equitativa e inclusiva.
En base a ello, recientemente, junto con el regidor del PAN por Monterrey, Ixtoc Hinojosa Gándara, presentamos una iniciativa a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, con la que se busca dar más atribuciones a los municipios en materia de personas con discapacidad a fin de garantizar y promover sus derechos en aras de una sociedad más inclusiva.