En una democracia ideal, quien no gobierne bien o a espaldas del pueblo, tiene que irse.
Los malos políticos y gobernantes deben tener un castigo y ese castigo es el repudio y rechazo de quienes alguna vez creyeron en sus promesas y ofertas políticas.
La historia mundial está llena de casos así; nuestro país ¡ni se diga!
Este domingo, los oaxaqueños salieron a las urnas para decidir si su gobernador Salomón Jara Cruz, deja el cargo de manera anticipada, una jornada que estuvo a cargo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y que costó 140 millones de pesos.
En las boletas sólo hubo dos opciones posibles: "Que se le revoque" y "Que siga en la gubernatura".
De acuerdo con el IEEPCO se reportaron 591 incidentes, algunos de ellos graves, como la coacción del voto y quema de boletas en diferentes comunidades.
La jornada, dicen líderes políticos, se destacó por la movilización gubernamental y baja afluencia a las urnas.
Sin ser originaria, o radicar en la tierra de Juárez y de Díaz como para opinar de su desempeño, el gobernador de extracción morenista, es de los peores evaluados en el país, ocupando los puestos coleros del ranking nacional en los sondeos de las diferentes casas de encuestas en temas como combate a la pobreza y eficiencia, por citar ejemplos.
Para los cibernautas que se explayaron en las diferentes redes sociales, la jornada fue solo una medida para que el mandatario estatal evaluara su popularidad "un ejercicio carísimo, inútil y tramposo, que no sirve para nada más que inflarle el ego a un gobernador acomplejado e incapaz", publicó un usuario de la plataforma "X".
Recordemos que, en 2019, la revocación de mandato se elevó a rango constitucional a partir de una iniciativa al artículo 35 de la Carta Magna presentada por el presidente de la República, un mecanismo de democracia directa que permite a la ciudadanía decidir sobre la conclusión anticipada del Jefe de la Nación y algunos estados armonizaron sus marcos jurídicos locales.
Los resultados de la jornada de este domingo aún deberán ser procesados, pero creo yo que más que un resultado-que sigue siendo importante, claro está-, lo realmente destacable es abrir la puerta a los mecanismos jurídicos para que el ejercicio de la democracia sea real.
La jornada de Oaxaca es la primera en su tipo en un estado de la República Mexicana. Caro o no, con o sin incidentes, es un hecho histórico.
Imagínese que Nuevo León pudiera celebrar una jornada de revocación de mandato ¿a quién le gustaría que se pusiera en el "banquillo de los acusados"? ¿a quién le hemos perdido la confianza? ¿al gobernador? ¿a alguno de los 51 presidentes municipales? ¿qué arrojaría la consulta popular?
Y hay más interrogantes: ¿se acataría la voluntad de los ciudadanos? ¿estamos listos para una nueva conformación electoral?
Por lo pronto los oaxaqueños le pusieron el cascabel al gato y dejan la vara muy alta para el resto de los estados en cuanto a la práctica de ejercicios democráticos.
Me queda claro que, con las elecciones del 2027 en puerta, la celebración de una jornada siquiera parecida a la de ayer, no es viable en Nuevo León, pero sin duda es un área muy amplia de oportunidad que se puede poner sobre la mesa.
El hartazgo político en la entidad es evidente. Hagamos valer nuestro rol como estado de avanzada, de liderazgo y con ejercicios como el vivido en Oaxaca, también decidamos quién debe irse por la pérdida de nuestra confianza.