El sociólogo francés Pierre Bourdieu plantó que los retos sociales y políticos pueden superarse mediante el poder transformador de la acción colectiva y el respaldo popular. De acuerdo con él, la estructura social no es un monolito inamovible, sino una construcción dinámica, susceptible de ser reformada y desafiada por quienes la integran y que, en conjunto, son capaces de impulsar profundas transformaciones sociales.
Así, las y los ciudadanos, mediante su participación activa y organizada, tienen la capacidad de lograr que las instituciones respondan a sus necesidades reales y no a los intereses de las élites. Dicho enfoque de justicia social resulta particularmente relevante en México, sobre todo en el inicio de la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y luego de haber recibido el respaldo del pueblo en las elecciones del pasado 2 de junio.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce el valor de un pueblo involucrado y un Gobierno dispuesto a realizar cambios profundos. En la actual segunda fase, este último enfrenta retos de gran magnitud: construir la paz, consolidar la soberanía energética y alimentaria, fortalecer la educación y garantizar la igualdad sustantiva.
Tales retos requieren de políticas públicas y acciones gubernamentales, además de una constante movilización de la voluntad popular. A pesar de las voces críticas, que buscan desacreditar y generar dudas con cada acierto, México sigue avanzando con firmeza, logrando, en primera instancia y por primera vez en su historia reciente, una transición del poder pacífica y bien estructurada.
Un ejemplo de este avance es la reforma al Poder Judicial, que busca romper el monopolio de cúpulas alejadas del pueblo, permitiendo que la ciudadanía elija a las y los jueces, magistrados y ministros. Este cambio apunta a democratizar la justicia, y a erradicar prácticas de corrupción y nepotismo que han distorsionado el sistema judicial por décadas.
Otro paso decisivo es la iniciativa que está por debatirse en el Congreso de la Unión, para eliminar organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Lejos de poner en riesgo la transparencia, la medida busca reducir costos y evitar la duplicidad de funciones dentro del aparato estatal. Aunque hay resistencias, debemos recordar que la eficiencia de estos organismos ha sido cuestionada y que, en muchos casos, se convirtieron en refugios de privilegios.
A poco más de un mes de haber iniciado su mandato, la jefa del Ejecutivo ha mostrado temple, voluntad y oficio político en sus decisiones. Esto también se ve reflejado en el ámbito internacional, como en su primera conversación telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
La presidenta le reiteró el interés de México en mantener una relación de respeto mutuo y colaboración, aun frente a las conocidas posturas del mandatario electo en temas como migración, proteccionismo económico, seguridad fronteriza y narcotráfico.
Este tono cordial y diplomático es esencial, pero no implica ceder en los principios que México considera innegociables.
Tenemos retos que seguirán presentándose durante los próximos seis años. Sin embargo, el proyecto de la Cuarta Transformación, iniciado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando, pese a las resistencias a cambiar las estructuras que durante años impidieron que nuestro país creciera y prosperara.
Cada ciudadana y ciudadano tienen la responsabilidad de ser críticos y apoyar este proyecto de transformación desde sus propias trincheras y espacios. Con el respaldo popular y la firmeza de un liderazgo comprometido en el Gobierno de México, los retos no serán barreras insalvables, sino motores que impulsarán la transformación hacia un país más justo, soberano y equitativo.
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