Hace año y medio o, para ser exacta, el 22 de diciembre de 2019, comenté en estas páginas, que estaba en marcha lo que podía llamarse una reforma fiscal silenciosa. Ahora, hace unos días, el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, publicó, en ocasión de su 24 aniversario, un informe en que detalla los resultados de las acciones que desde mi punto de vista alcanzan el rango de una reforma fiscal, aunque no se anuncie como tal. En lo que va de la actual administración, esto es de 2019 al 30 de junio de 2021, el SAT recuperó adeudos por 964 mil millones de pesos, es decir, poquito menos de un billón de pesos. Para tener una idea de lo que significa esa cantidad, hay que recordar que se estima que todos los programas sociales, desde adultos mayores, pasando por sembrando vida, becas Benito Juárez y los demás, alcanzarán un presupuesto en este año de 500 mil millones de pesos.
Todo empezó con la modificación a distintas leyes, a fin de que la acción de vender facturas falsas para evadir impuestos y de quienes las compran, se considere como delincuencia organizada a la que se le puede aplicar hasta nueve años de cárcel. Esas modificaciones, que entraron en vigor en diciembre de 2019, significaron ingresos para el erario, pues aun antes de esa fecha, las empresas que habían cometido esa forma de fraude fiscal acudieron a la autoridad para buscar regularizar su situación y de inmediato el SAT pudo cobrar 2 mil millones de pesos, cantidad que, por supuesto, fue en aumento, sobre todo, porque en adelante la persecución de las empresas fantasma, vendedoras de facturas, disminuyó drásticamente ese fraude al erario.
Un segundo paso consistió en prohibir al Presidente la condonación de impuestos en la propia Constitución de la República. Modificación que al ser aprobada, además de por el Congreso nacional, por 17 congresos estatales, entró en vigor en febrero de 2020. Esa reforma constitucional es de una gran importancia, pues en el pasado alcanzó montos sumamente cuantiosos. Según algunas estimaciones en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se perdonaron impuestos a grandes contribuyentes por 1 billón 300 mil millones de pesos y según otros cálculos, el total importó 500 mil millones. De cualquier manera, se trata de grandes sumas, que, además de significar una pérdida para el erario, es una de las vías que caracterizaron al sistema fiscal mexicano como notablemente injusto, ya que es obvio que a ningún trabajador de bajos ingresos se le ha condonado nunca una obligación fiscal. Sino eso se reserva para los grandes contribuyentes, que lo son precisamente porque reciben ingresos millonarios.
Todos recordamos que una vez que se elevó a rango constitucional la prohibición de condonar impuestos y que se dieron a conocer los nombres de algunos de los grandes deudores fiscales, empresas como Wall-Mart o América Móvil acudieron a cubrir si no todo, por lo menos una parte sustancial de los adeudos.
Los cambios legales y la nueva actitud del gobierno para no privilegiar a quienes tienen mayores ingresos, determinaron que en 2019 se consiguiera cobrarles a los grandes contribuyentes 95 mil 816 millones de pesos, en 2020, nada menos, en medio de la pandemia y de la caída de la actividad económica 216 mil 001 millones y en 2021 hasta junio 79 mil 105 millones
Desde mi punto de vista, seguramente sería conveniente que se modificara la estructura fiscal y que se buscara una menos regresiva; sin embargo, me parece más importante y sobre todo más efectivo, que los ricos y millonarios del país y los extranjeros que operan en México, paguen los impuestos a que están obligados y que se combata la elusión, la evasión y los fraudes que son la práctica cotidiana de muchos de los grandes contribuyentes. Por eso creo que se está realizando una reforma fiscal silenciosa y que ya ha dado cuantiosos frutos.
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