¡Reparto de utilidades derecho irrenunciable!

El límite del monto de las utilidades a distribuir, legalmente denominada Participación de los Trabajadores en las Utilidades.

El reparto de utilidades es un derecho laboral irrenunciable de las trabajadoras y de los trabajadores mexicanos, el cual obliga a las empresas a repartir el 10 por ciento de sus ganancias anuales.

Se trata de una garantía consagrada en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo (LFT), no de un privilegio ni de una concesión, ya que desde 1964 eñ pueblo trabajador conquistó el derecho a las utilidades financieras para las y los trabajadores de planta o eventuales, para las y los ex trabajadores despedidos o que renunciaron, para las madres y los padres con licencia de maternidad o de paternidad y también para el personal con incapacidad temporal, siempre y cuando hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal previo.

La LFT dispone claramente que quienes no reciben utilidades son los directores, administradores y gerentes generales, los trabajadores eventuales con menos de 60 días laborados, los profesionistas independientes por honorarios (sin relación laboral subordinada), así como los y las empleadas domésticas, lamentablemente para las personas trabajadoras del hogar.

Este año 2026, la fecha límite para el pago de utilidades estipulado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, del Sistema de Administración Tributaria y de la Secretaría del Trabajo, fue del 1 de abril al 30 de mayo para las personas morales (empresas) y del 1 de mayo al 29 de junio para las personas físicas con actividad empresarial.

El límite del monto de las utilidades a distribuir, legalmente denominada Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), debe ser equivalente a tres meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos tres años laborales; es decir, lo que resulte más favorable para la clase trabajadora.

El 50 por ciento del PTU que se entrega a cada persona trabajadora se calcula conforme a los días trabajados en el año y el otro 50 por ciento de acuerdo con el salario percibido por cada trabajador durante dicho año.

De ahí la importancia de que cada trabajador y trabajadora conozca qué hacer si no le depositan las utilidades en su cuenta o si recibe el pago incompleto o si no recibe ningún monto en tiempo y forma.

Procede para ello buscar asesoría jurídica gratuita ante la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (PROFEDET), con el objetivo de levantar la queja por incumplimiento de este derecho y para exigir el pago a lo largo de un año, según el plazo que fija la LFT.

Aunque a nivel nacional y estatal la Secretaría del Trabajo mantiene operativos de vigilancia para sancionar a patrones incumplidos, en Nuevo León un punto clave es el Centro de Conciliación Laboral del Estado, que brinda asesoría y supervisión activa para asegurar que las empresas no omitan el pago ni se declaren en cero ganancias de forma injustificada o irregular.

Para defender el reparto de utilidades como un derecho constitucional y exigir que se cumpla estrictamente en todo nuestro país, en el Partido del Trabajo hemos impulsado acciones de justicia laboral e iniciativas legislativas.

Un de las principales reformas es la eliminación del outsourcing o sub-contratación, que ha permitido incrementar el monto de utilidades que reciben las y los trabajadores, así como reconocer este derecho a trabajadores de las plataformas digitales, como parte de una ampliación de las garantías laborales.

Otra iniciativa presentada es eliminar el tope máximo de tres meses de salario o el promedio de los últimos tres años, con el objetivo de que los beneficios económicos lleguen a quienes verdaderamente producen la riqueza del país, así como modificar el porcentaje actual del reparto del 10 por ciento de las ganancias anuales, en virtud de que es insuficiente y debe ampliarse. 

Gracias al trabajo legislativo de la Cuarta Transformación se ha logrado una mayor coordinación y transparencia entre patrones, trabajadores y gobierno en esta materia, lo cual ha derivado en un aumento histórico del reparto de utilidades superior a los 214 mil millones de pesos.

Sin embargo, para quienes enfrenten irregularidades o abusos, desde el Congreso del Estado Nuevo León exhortamos a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal, para que fortalezca los operativos de inspección, vigilancia, y verificación del cumplimiento de esta obligación patronal y sancione omisiones e incumplimientos en el reparto de utilidades para la clase trabajadora, con quienes refrendamos nuestro compromiso histórico.