Solo los gobiernos autoritarios han pretendido coartar la libertad que es esencia de las redes sociales, y han fracasado. Siendo elementos clave en movimientos como la Primavera Árabe, en la actualidad no hay democracia que se precie de serlo sin contar con redes sociales libres.
El desarrollo tecnológico y la apertura comercial, que se han magnificado por la globalización, han dado un giro diametral a esta situación. Hoy cualquier persona puede opinar o simplemente manifestar su postura sobre cualquier hecho y es posible que la misma llegue a muchas más personas de las que forman su entorno inmediato y eventualmente puede alcanzar a usuarios de las más inverosímiles latitudes del planeta.
Para las y los defensores de derechos humanos y periodistas estas circunstancias favorecen su labor, ya que adicionalmente las políticas sobre transparencia y acceso a la información habían liberado casi totalmente las barreras normativas y legales que durante años hicieron del derecho a la información y de expresión una simple declaración.
Sin embargo, hoy el gobierno de Morena pretende crear nuevas barreras con las que aspira coartar la libertad de expresión argumentando contrariamente que busca garantizarla.
El origen y sostenimiento privado de las redes sociales es una condición inalterable, es decir, nadie puede imponer políticas o reglas que reduzcan la libertad de sus usuarios. Más aún en tanto negocio, la libertad que representa su utilización ha alentado la participación de un mayor número de personas, movidas en muchos casos simplemente por una curiosidad pero que con el paso de tiempo se transforma en participación y en la conformación de una población con mayores insumos informativos.
En ese sentido, el artículo 6º constitucional de México señala claramente que la libertad de expresión sí tiene límites, y estos son: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público".
Por ello, no es necesario crear un marco normativo específico para las redes sociales, sino que éstas observen nuestro marco constitucional y apliquen la autorregulación que impida que las redes sociales sean el vehículo para transmitir llamados al desorden, a la discriminación ni a la violencia.
La buena política busca caminos de construcción en los distintos sectores de la vida social, no de barreras ni obstáculos para el ejercicio de derechos.