En la era de la información, la verdad se ha convertido en un bien escaso. Hoy, la infodemia —término acuñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para describir la sobreabundancia de información, tanto veraz como falsa— afecta todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.
No se trata de un fenómeno nuevo; desde hace varias décadas, teóricos de la comunicación como Marshall McLuhan y Noam Chomsky advirtieron sobre los peligros de la manipulación mediática.
Sin embargo, lo que antes era un problema de percepción, hoy se convirtió en una herramienta peligrosa que representa una amenaza real para la democracia. Incluso, no hace mucho, vivimos una campaña de infundios, orquestada por grupos detractores, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Diversos estudios han analizado cómo las noticias falsas se propagan, en las redes sociales, seis veces más rápido que las verdaderas. Esto no solo distorsiona la realidad, sino que también mina la confianza en las instituciones.
¿Qué significa esto en el contexto de la reforma al Poder Judicial, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados, con 357 votos a favor y 130 en contra, y que ahora se discute en el Senado? Significa que la infodemia encontró un nuevo blanco, y sus consecuencias pueden ser devastadoras para la percepción ciudadana.
Apenas se aprobó la reforma en lo general y en lo particular, surgió una campaña de desinformación intensa, con intereses claros que buscan manipular la percepción pública. En medios tradicionales y redes sociales se ha propagado una red de mentiras que tergiversan los contenidos de la reforma y generan confusión entre la ciudadanía.
Algunos de los mitos más difundidos incluyen afirmaciones como que la reforma pretende instaurar una dictadura y eliminar los poderes de la Unión, o que permitiría a cualquier persona, incluso delincuentes, ocupar cargos como personas juzgadoras, magistradas o ministras.
Nada de ello es cierto. De hecho, la reforma no propone que un partido político elija a esas personas ni contempla la desaparición del amparo o la eliminación de derechos fundamentales. Al contrario, garantiza la protección de los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial.
Desde la realización de paros laborales y bloqueos de recintos hasta la concesión de amparos contra la discusión legislativa y solicitudes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el dictamen, representantes del Poder Judicial han maniobrado desde distintas trincheras para evitar a toda costa que esta reforma vea la luz.
Si bien es natural que quienes ven amenazados sus privilegios busquen defenderlos, no es aceptable que lo hagan mediante la desinformación y la manipulación. Es inaceptable que, con el pretexto de defender "la justicia", se utilicen mentiras para confundir a la ciudadanía y frenar un debate público que ha sido transparente y honesto desde que el presidente presentó la iniciativa.
La reforma al Poder Judicial busca fortalecer los derechos de quienes en él laboran y hacer más eficiente y transparente su actuar, así como mejorar el acceso a la justicia. No podemos permitir que una red de mentiras, impulsada por intereses de personas que temen perder sus privilegios, manipule la discusión pública y empañe los avances democráticos que tanto trabajo nos costaron lograr.
La democracia se nutre del debate informado, de la crítica responsable y de la participación activa de una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes. Es momento de exigir información veraz y honesta, y de rechazar la infodemia, que solo busca sembrar confusión y desconfianza.
Las y los mexicanos deben ser protagonistas de su propio destino, lo cual solo es posible con información certera y voluntad democrática. Únicamente así podremos garantizar que las reformas necesarias se lleven a cabo con la legitimidad que requieren, y que nuestra democracia y nuestro país salgan fortalecidos de ese proceso.
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