Sin pretender absolver a Moreno Cárdenas, es evidente es que esta denuncia es un acto de represión gubernamental ejercida en contra de los opositores
“Quien esté libre de culpa… que tire la primera piedra”, dicen los evangelios respecto al relato de la mujer adúltera. La Biblia narra que, -ante esta frase de Jesús-, todos los acusadores se retiraron, dejando sola a la acusada, en reconocimiento a no tener la conciencia totalmente limpia como para juzgar a la pecadora.
En contraste, si hoy aplicásemos esta analogía para describir lo que está sucediendo en contra de Alejandro Moreno, -presidente del PRI-, vemos que con cinismo los acusadores, -gobierno y dirigentes de MORENA-, no resistirían una investigación patrimonial en su contra, pues la política en México está llena de abusos, aunque unos hayan cometido más y otros menos.
Sin embargo, los acusadores, -envalentonados por el poder-, hacen linchamiento con rudeza sádica, como si ellos estuviesen libres de culpa.
Muy pocos políticos que hoy son protagonistas de la vida pública de México se salvan de señalamientos acumulados a lo largo de su trayectoria política y, sin embargo, no tienen empacho en señalar y acusar a Alito por corrupción.
Sin pretender absolver a Moreno Cárdenas respecto de las acusaciones que enfrenta, -pues es justo que afronte sus responsabilidades ante la ley -, lo que sí es evidente es que esta denuncia no está motivada, -en lo más mínimo-, por el espíritu ético que debe sustentar la impartición de justicia, sino que es un acto de represión gubernamental ejercida en contra de los opositores.
Representa una intimidación abierta dirigida a todos los demás dirigentes partidistas que se opongan a los deseos presidenciales, o no acepten colaborar con él. Es una campaña de terrorismo político que no sólo denigra a nuestra democracia, sino que la pone en riesgo.
El gobierno de la 4T no sólo quiere exhibir al presidente del PRI, sino fincarle cargos que ameritan prisión, con lo cual pretenden nulificarlo de facto, quitándolo de enfrente.
A su vez, con esta estrategia se pretende ahondar el conflicto interno del PRI. Se busca enfrentar a los militantes de este partido entre sí. Unos estarían asumiendo la defensa de su líder y otros, -en contraposición-, exigiendo su renuncia.
Este conflicto interno exhibe al PRI de cara a la opinión pública y lo desgasta. Sin embargo, quienes estimulan esta pugna desde el partido del gobierno pretenden que antes de la debacle los priístas no comprometidos con su partido emigren a MORENA en busca de protección, principalmente los que tienen un pasado opaco y cuestionable, así como los oportunistas.
Esto no es nuevo, pues el presidente Peña Nieto manipuló a la justicia para nulificar como candidato a Ricardo Anaya, sin poder acreditársele las imputaciones de corrupción. Sin embargo, el daño fue irreversible: quedó fuera de la contienda electoral y su imagen pública quedó manchada con la sombra de la corrupción, aunque fuera exonerado de los cargos en su contra.
La postura actual de los expresidentes del PRI que exigen la renuncia de Moreno Cárdenas apoya la estrategia de los adversarios del partido.
Determinar si Alejandro Moreno es culpable de las acusaciones, es una atribución y responsabilidad de las autoridades judiciales. Sin embargo, que a partir de un juicio mediático y manipulado vaya sobre él todo el peso de la justicia y en contraste a los cercanos al presidente se le diluyan los cargos, es lo cuestionable y éticamente reprobable.
Esto significa la utilización de la justicia para un beneficio político, lo cual es ajeno al principio universal de imparcialidad en la aplicación de la ley.
Definitivamente, independientemente de que en privado los correligionarios priístas de Alejandro Moreno lo sancionen, públicamente debiesen arroparlo, -no absolviéndolo para protegerlo-, sino blindando a su partido y a toda nuestra democracia.
La narrativa presidencial del combate a la corrupción hoy está hueca y ni con buena voluntad, -o ingenuidad-, es creíble. Sin embargo, representa la oportunidad de ejercer manipulación jurídica para doblegar a sus adversarios.
En la opinión pública, -así como en la prensa-, ya existe un veredicto en contra de Moreno Cárdenas y la convicción de que el PRI debe desaparecer. Sin embargo, se pasa por alto que la interpretación moral y ética de los actos atribuidos a Alejandro Moreno, -que sin duda son graves-, se ensucia por la forma en que los impartidores de justicia hoy están utilizando la ley para lograr fines ajenos al principio moral que debe pretender la justicia.
Incluso podemos aventurar la sospecha de si los gobernadores de partidos de oposición, -PRI y PAN-, que han sido relevados del cargo por candidatos de MORENA durante las elecciones del 2021 y 2022 en su momento no recibieron la amenaza de “premio o castigo”, consistente en facilitar el triunfo del candidato del partido del presidente López Obrador, o enfrentar una carpeta de investigación en su contra.
Los premios a los bien portados durante la elección del 2021, ya están redimidos y a la vista. Mientras tanto, las promesas a los gobernadores opositores, -perdedores de la elección 2022-, también han sido reconocidas por el presidente en una mañanera.
¿Esta es la nueva democracia?... seguramente estilo 4T: premio o castigo.
Twitter: @homsricardo