A diferencia de la marcha del 13 de noviembre, cuya asistencia sorprendió a propios y extraños, la del domingo pasado se esperaba que irían incluso más ciudadanos que en noviembre. ¿Por qué? Esencialmente porque en noviembre muchos ciudadanos apáticos o desconfiados vieron el potencial de la sociedad civil de movilizarse y ejercer presión sobre los actores políticos. Ahora muchos de tales ciudadanos se decidieron asistir convencidos de que sumarían una gran oleada en defensa de algo que también valoran: la democracia electoral. El colmo de AMLO fue haber dado un salto mortal de una marcha en contra de su contrarreforma electoral, a convertirla en una movilización en defensa de García Luna, tema totalmente ajeno. Sus fieles seguidores (y servidores) lejos de cuestionar lo absurdo de tal razonamiento, acríticamente lo validaron y lo difundieron como un hecho. Lo habrán creído solamente quienes le creen todo a AMLO, a partir de lo que para éste es su “mente en blanco”.
Pero más allá del éxito en esta expresión ciudadana, la batalla no está ganada. Para que pueda considerarse un triunfo, la Corte tendría que rechazar o al menos congelar el llamado Plan B electoral para no aplicarse en 2024. Se habría dado un gran paso en defensa de la democracia. Pero bastarían cuatro ministros a quienes les importe un comino la sociedad disidente frente a su lealtad ciega al presidente, para que proceda la demolición democrática. Pero incluso de ser rechazado el Plan B, otros retos seguirán vigentes.
Por un lado, Morena puede poner a la nueva presidenta del INE, y desde ahí causar daños y desperfectos desde dentro para restarle eficacia. Y por otro lado, con o sin ley, dentro o fuera de la Constitución, AMLO está decidido a garantizar el triunfo de su partido. Eso provocará conflictos, tensiones, y desde luego la duda sobre la legitimidad y certeza del resultado. El PRI de 1988 no estaba decidido a permitir la pérdida de la Presidencia y decidió incurrir en lo que fuera para preservarla. En 2024 Morena —heredero de aquel PRI del ’88, con Bartlett, AMLO, Ebrard y Monreal— está en la misma actitud; hará lo que sea para preservar la Presidencia, dentro o fuera de la ley (un mero cuento).
Luego viene también la problemática que surge de la oposición. La única alternativa viable de triunfo parece ser la de una coalición de toda la oposición, cuyo candidato surja de un proceso abierto, inclusivo y genuino, pues eso motivaría al votante disidente por el abanderado que de esa primaria surgiera. Pero el PAN parece empeñado en dirigir ese proceso, que si resulta poco convincente, poco inclusivo y sospechoso de ser manipulado (y además surja un abanderado del PAN), provocará un efecto parecido a lo del 2018. Muchos ciudadanos no se sentirán motivados a votar por un abanderado surgido de un acuerdo cupular disimulado. Pero no se ve fácil que Marko Cortés ceda (ni siquiera se consultó a los organismos cívicos, pese a su fuerza mostrada en noviembre 13).
Y por otra parte, Movimiento Ciudadano sigue hasta ahora una estrategia que no contempla congregarse con el PRI y el PAN por diversas razones. Eso podría ayudar a Morena indirectamente a dividir el voto opositor. El cálculo de MC es atraer a la mayoría ciudadana ante el desprestigio del PRIAN y su eventual derrota en el Edomex. Pero le puede salir el tiro por la culata, y ser responsabilizado de esa derrota al favorecer indirectamente a Morena. Como sea, ese desencuentro en la oposición —que no se ha visto muy dispuesta a tomar en cuenta a la sociedad civil pese a la magnitud de sus manifestaciones—, tiende a favorecer el triunfo de Morena, lo cual implica que seguiríamos retrocediendo políticamente quién sabe hasta dónde y hasta cuándo. Si la oposición no se pone las pilas, la creciente movilización ciudadana será fútil.
Analista. @JACrespo1