México necesita consolidar un sistema de pensiones sólido, inclusivo y colaborativo.
En Coparmex, desde hace varios años hemos impulsado acuerdos y reformas para que el sistema de pensiones se convierta en un mecanismo que asegure una vejez digna para todos los mexicanos, y que los actores involucrados asumamos responsabilidades firmes al respecto.
En este sentido, hemos trabajado en conjunto con las autoridades para lograr cambios como el de la reforma de 2020, la cual modificó la legislación de 1997 y estableció importantes mejoras para la seguridad social de los trabajadores, al aumentar las aportaciones patronales de 6.5% a 15%, reducir el requisito de semanas cotizadas y elevar el monto de la pensión garantizada.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, durante un período de ocho años, los patrones aumentaremos en 2.7 veces nuestra contribución al retiro de los trabajadores logrando una reforma con avances importantes en alcance, suficiencia, solvencia y justicia.
Esta reforma es resultado de un acuerdo tripartita entre Gobierno, empresarios y trabajadores, siendo reconocida por el actual gobierno federal como una reforma muy trascendente cuya implementación inició el 1 de enero de 2021; sin embargo, aún tiene camino por recorrer para consolidar su ejecución.
Por ello, nos llama la atención el reciente anuncio del Ejecutivo Federal de que en el mes de febrero enviará al Congreso dos propuestas de reforma, una en materia de pensiones y otra sobre el salario mínimo. En cuanto a las pensiones, se mencionó que la intención es que desde ley se contemple que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su salario, debido a que ahora lo hacen con menos del 50%; además de buscar que el gobierno federal participe de la administración de dichos fondos.
En Coparmex, consideramos que la gran reforma en materia de pensiones es la aprobada en 2020 y primero debe consolidarse antes de buscar otros cambios. Cualquier nueva propuesta en la materia debe estar acompañada de estudios actuariales serios, administrativos, contables y financieros para determinar su viabilidad.
Además, ante la información planteada por el Ejecutivo, diversos especialistas han comentado que la tasa de reemplazo propuesta (monto de pensión como porcentaje de sueldo) propuesta, no ha sido aplicada por ningún país porque no es factible, y si el 2024 ya es un año con presiones fiscales considerables para México, esto podría implicar mayor carga a las finanzas públicas y afectar a la economía. Por ello, creemos que cada cambio al sistema de pensiones debe dialogarse y valorarse poniendo al centro a los trabajadores y a su impacto en las finanzas públicas, así como la situación económica y laboral de la nación.
Los empresarios estaremos atentos a las propuestas que se envíen al Congreso para revisar su contenido, riesgos y alcances, partiendo de que no podemos dar ningún paso atrás en lo que ya se ha logrado y que el tema no se puede tomar a la ligera, menos en un entorno de proceso electoral y cambio de gobierno.
En Coparmex, seguiremos impulsando el diálogo y la colaboración para lograr los cambios que nos permitan contribuir a la construcción de un México con más oportunidades, justicia y condiciones dignas para los trabajadores. Solo así podremos tener un país con desarrollo inclusivo, donde nadie se quede atrás. #OpiniónCoparmex
*Presidente Nacional de Coparmex