El próximo 2 de junio habremos de definir en las urnas el rumbo de nuestra nación, de manera pacífica. Como hace 162 años, cuando se dio la batalla de Puebla, que determinó el futuro de México, hoy de nuevo debatimos dos visiones de nación. La primera, defendida por un grupo de corte liberal, y la segunda, con una visión conservadora. En la elección de 2018 también se agruparon los conservadores, pero su intento fue insuficiente para contrarrestar la energía social de una fuerza liberal emergente.
Ahora, en 2024, los dos partidos que participaron con candidaturas propias en 2018 caminan como aliados con una candidata de derecha, con más furia y con más virulencia; con una guerra sucia más intensa y una alianza más firme y clara con los sectores del dinero que, a su vez, dominan los medios de comunicación tradicionales, formando así un frente contra el presidente de la República y nuestro movimiento.
No recuerdo, en los últimos 50 años, que al final del sexenio se presentaran ataques contra un presidente, como los que ahora recibe el Lic. Andrés Manuel López Obrador.
La definición política en esta coyuntura es simple y concreta: estar del lado de quienes quieren erigirse por encima de la ley y del Gobierno, para buscar beneficios personales con la privatización de los recursos públicos y naturales, o del lado de quienes luchan por el bien de la nación, por el adecuado uso de los recursos y el desarrollo de la sociedad, y que se mantienen firmes a favor de los derechos del pueblo, incluida su demanda de ser incluido en la vida pública del país. Ahí se inscribe la lucha de Pemex.
Como movimiento, nuestra postura ha sido congruente a través del tiempo. En 1998 enfrentamos, junto con el ahora presidente de la República, la cerrazón de un régimen caduco que buscaba aplastar a quienes consideraba sus enemigos, a quienes luchaban para hacer valer los derechos del pueblo.
Recuerdo, por ejemplo, que siendo yo gobernador de mi natal Zacatecas y el Lic. López Obrador, jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, fuimos invitados a una cena por Vicente Fox, quien tenía interés en obtener nuestro apoyo para cobrar IVA a alimentos y medicinas. Sin siquiera cruzar media palabra, antes de que cualquiera respondiera, quienes pertenecíamos al movimiento que en ese entonces aún se estaba gestando, sabíamos que eran inaceptables ese tipo de acciones que, como señala el presidente, socializan las pérdidas y privatizan las ganancias.
Por eso, la llegada de la Cuarta Transformación marcó un cambio radical en esta tendencia. En los últimos seis años, bajo el liderazgo del presidente López Obrador, no solo se fortaleció y rescató a Pemex, sino que también se construyó una infraestructura sólida y visionaria en todo el país.
El compromiso con la recuperación y la erradicación de la corrupción en Petróleos Mexicanos se manifiesta en cada acción de la presente administración federal: se implementaron medidas para combatir el robo de combustible, modernizar la infraestructura petrolera y fortalecer la empresa, para que sea un motor de desarrollo nacional.
Pero el fortalecimiento de Pemex solo es una parte de la visión integral de desarrollo del presidente López Obrador. Su apuesta por la infraestructura pública es igualmente impresionante. Obras emblemáticas como los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles y de Tulum, el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Corredor Transístmico, además de la construcción de carreteras y hospitales en zonas marginadas, son ejemplos claros de cómo la inversión en infraestructura puede ser un catalizador para el progreso social y económico.
Vivimos tiempos de desafíos económicos y sociales, que exigen mantener el rumbo hacia un modelo de desarrollo que beneficie a las y los mexicanos. La fortaleza de Pemex y la expansión de la infraestructura pública son pilares fundamentales de esta visión de país. De ahí que el reto ahora consista en seguir consolidando a México como una nación más próspera, justa y soberana.
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