México es, una vez más, juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Daniel García y Reyes Alpízar pasaron 17 años sin sentencia, en prisión preventiva. Su caso, hoy es de conocimiento de la CorteIDH que emitirá una sentencia que puede ser condenatoria contra nuestro país. ¿Cuál será, para el Estado de derecho, la principal implicación? Se le podría ordenar a México que elimine la prisión preventiva de la Constitución. Es decir, se exhibirá internacionalmente a México porque la prisión preventiva establecida en la Constitución es, palabras más palabras menos, violatoria de derechos humanos.
En el entendido de que se declara que la Constitución contiene un artículo que viola derechos humanos, como claramente sucede hoy con el artículo 19, debemos preguntarnos: ¿Como se debería actuar para garantizar que no se violen más los derechos de las personas que actualmente están en prisión preventiva? ¿El gobierno mexicano será capaz de reconocer que las personas en prisión preventiva son víctimas del Estado y, por lo tanto, liberarlas? ¿El Poder Legislativo con las bancadas que, a pesar de las advertencias, permitieron que la prisión preventiva fuera contemplada en la Constitución, acatarán la sentencia y emprenderán una reforma?
La prisión preventiva oficiosa (como medida cautelar) es problemática en términos de lo que implica para la política criminal de México. El presidente y Adán Augusto López, su secretario de Gobernación, argumentan que esta medida cautelar es eficaz en la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Poder Judicial. No tienen datos para probarlo, pero sí cientos de historias de personas en prisión sin sentencia y sin pruebas suficientes para mantenerlos detenidos. El gobierno mexicano, abiertamente, defiende una medida que un tribunal interamericano está a punto de sentenciar como violatoria de derechos humanos. No hay ninguna evidencia de que la prisión preventiva disminuya los delitos, pero por lo visto el presidente está convencido de que tener gente en la cárcel sin que se haya demostrado que cometieron algún delito es útil a su gobierno.
Una contradicción. Israel Vallarta lleva ya 17 años en prisión preventiva. Al mismo tiempo que el presidente López Obrador dice que Vallarta podría salir de prisión, defiende la medida de la prisión preventiva e incentiva a la Suprema Corte de Justicia a no acatar las recomendaciones de la CorteIDH. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas intenciones del presidente? Quizá ni siquiera se ha percatado de que mientras afirma una cosa, la refuta con su siguiente aseveración.
El presidente se siente con el poder de darle justicia a Israel Vallarta (víctima de un sistema de justicia descompuesto), pero al mismo tiempo ignora un debate tan relevante para el derecho mexicano como la constitucionalidad de la prisión preventiva. Hay que decirlo con todas sus letras: al presidente no le importa Israel Vallarta, le importa golpear a los anteriores (sic) Calderón, García Luna y Cárdenas Palomino. En este gobierno puede ser liberado Israel Vallarta, y eso definitivamente hay que celebrarlo. Sin embargo, mientras se defienda la prisión preventiva oficiosa este gobierno resultará igual de violador de derechos humanos que el de Calderón, García Luna y Cárdenas Palomino.
A la par de que el presidente litiga desde la mañanera la liberación de Vallarta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la siguiente semana la constitucionalidad de la prisión preventiva. Este debate será interesante porque se da en el marco de que el tema se encuentra también en el conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Hay tres instancias de alto nivel que tienen en sus manos el futuro de miles de personas en prisión preventiva: 1) La CorteIDH que seguramente ordenará a México eliminar la prisión preventiva, 2) la SCJN que declarará la inconstitucionalidad, pero difícilmente se enfrentará con el gobierno federal y no ordenará al Legislativo reformar el artículo 19; y 3) López Obrador que liberará a Vallarta para vanagloriarse mientras es consistente con su comportamiento ignorando los derechos humanos del resto de los presos sin sentencia.
@MaiteAzuela