El transporte público, es uno de los factores fundamentales que promueven el desarrollo económico, productivo y social de la entidad, de lo que deriva la responsabilidad del Estado de asegurar que el mismo se preste con la eficiencia y eficacia que demanden las necesidades de la población, debiendo en todo momento garantizar su desarrollo.
El transporte público de pasajeros ordinario y diferenciado, es el medio de traslado más usado diariamente por la mayoría de la población, pues este es un medio de subsistencia para el desarrollo de los derechos más básicos del individuo; el de trabajo, salud, educación y recreación entre muchos más.
Significando la fuente y vida de la actividad económica y social de la entidad, de lo que deviene, que este servicio de primera necesidad para la sociedad nuevoleonesa, de ahí la imperiosa necesidad de que el servicio público de transporte se preste en forma continua, uniforme, permanente, segura y acorde a las exigencias de la actividad social y productiva de la población.
Es por ello que se requiere una mayor modernización acorde a las necesidades actuales de los usuarios en las que se refleje la calidad de transporte público que una gran urbe como Monterrey y su área conurbada es considerada a nivel nacional como de las más importantes.
Por lo que es imperativo que sus necesidades de traslación, forma, condiciones, calidad, accesibilidad y oportunidad sean la piedra angular que motive el actuar del Estado para planear, organizar, ejecutar y evaluar la prestación del servicio público del transporte.
El servicio de transporte público que tiene derecho a recibir el usuario de ser servicio de calidad atendiéndose los criterios esenciales para un derecho al transporte público adecuado que deberán reunir invariablemente los siguientes parámetros: disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad, seguridad, equidad y sostenibilidad.
A través de concesiones otorgadas para la prestación el servicio público el Estado regula y vigila la prestación con un procedimiento previo generado por una convocatoria pública que la Agencia expide lineamientos, sin embargo es menester realizar diversas modificaciones al texto legal que describe los requisitos para el otorgamiento de concesiones, en las que se establezca un impedimento a los concesionarios que hayan sido sancionados por la agencia por omitir o desacatar requerimientos previamente establecidos por diversas causas.
Tomando en consideración que en el Estado de Nuevo León por su alto número de población requiere una mayor atención a la prestación del servicio público, día con día miles de habitantes se trasladan a su trabajo, escuela, etcétera, considerándose una herramienta cotidiana en el desarrollo de toda persona, sin embargo cuando el prestador de servicio incumple con los requerimientos básicos y ello haya recaído la revocación de su concesión a nuestro juicio consideramos que éste debe estar impedido para participar en la convocatoria pública tanto para renovar u obtener una nueva concesión.
Esta nueva disposición invariablemente implicaría que el concesionario cumpla cabalmente con la prestación del servicio público durante la vigencia de su concesión, e incluso el impedimento de participar para la obtener la concesión se propone por un periodo de veinte años ininterrumpidos.
Por otro lado, a nivel nacional Nuevo León el primer sistema de prepago que integra a toda la movilidad de una ciudad. Actualmente, con nuestra tarjeta FERIA un usuario puede hacer uso, a través de transbordos, del sistema Ecovía, Metro y transporte tradicional, lo cual permite no sólo una mayor accesibilidad, sino importantes esquemas de ahorro económico.
En días pasados la postura anunciada por transportistas de Nuevo León, en el sentido de suspender las transferencias sin costo entre rutas, al tratarse de una decisión unilateral, y por lo tanto, inadmisible.
Es por ello que se busca sancionar y retirar de la circulación sin excepción alguna a todas aquellas unidades que violenten las tarifas y el servicio vigente; en caso de reincidencia, se procederá a cancelar los permisos, ya que el transporte público es una necesidad básica de toda la población.
Es por lo que los legisladores del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional reflexionamos e insistimos en la necesidad modificar el texto de la ley del Transporte que genere certeza jurídica en la prestación del servicio público de calidad por parte de los prestadores del servicio, y evitar que Estado disponga de los intereses de los concesionarios mejorar en todos los sentidos el servicio a miles de usuarios.