Aun cuando mucho de lo que impacta en la sociedad tiene que ver con decisiones estatales y federales, especialmente en el rubro de presupuestos para grandes obras y la atención de desastres naturales, por citar ejemplos, son los gobiernos municipales quienes, como primeros respondientes, deben atender y afrontar lo que viven sus gobernados.
A la gente, en el día a día, poco le importa que un gobernador no haya aprobado un presupuesto con el cual se mejoraría la seguridad, se atendería la pavimentación, o llegaría el agua a las viviendas. Tampoco le importa que el gobierno federal no haya aprobado determinado proyecto, como un complejo vial que podría mejorar la movilidad en el municipio.
Lo que el ciudadano quiere son soluciones y al primero a quien reclama, es al alcalde.
En julio del 2014, el Congreso de Nuevo León aprobó en segunda vuelta, las reformas a la Constitución local y una nueva Ley Electoral.
Ello sirvió para armonizar la legislación local con la reforma político-electoral federal y, gracias a ello, se permitió la reelección de alcaldes, regidores y síndicos por un periodo adicional de 3 años, así como la de legisladores locales hasta por 4 periodos.
¿Qué se gana con todo esto? Al menos los ediles tienen la oportunidad de dar continuidad a los proyectos que permitan a las ciudades crecer con más orden y cuentan con más tiempo para gestionar ante las instancias competentes, los recursos económicos necesarios.
Ya ha quedado, o al menos he intentado dejar en claro la importancia de los presidentes municipales en el fortalecimiento de las ciudades. No obstante, organizaciones como Causa en Común reportan que, en el lapso comprendido de 2003 y hasta finales de 2025, al menos 115 presidentes municipales han sido asesinados en el país.
En el ciclo electoral 2023-2024, se documentaron 38 políticos asesinados.
¿Qué pasa, entonces, con los planes de continuidad de los ediles y cómo afecta a las comunidades?
Este fin de semana fueron secuestradas diez personas en Zacatecas, entre ellos, seis empresarios de la minería, ganadería y la construcción, un ex alcalde, dos funcionarios municipales, así como un político originario de Durango.
Ya imaginará la "rápida" respuesta del gobierno federal: ya se coordinan con las autoridades estatales y municipales para esclarecer los hechos, pero usted y yo también sabemos que es más de lo mismo.
Me disculpo por sacar a colación un caso que no se refiere a un alcalde, pero por más que nos hayan dicho que tienen detenido al asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta ocurrido en 1994, nadie cree que se trate de un autor en solitario.
En noviembre de 2025 fue ejecutado el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y hasta la fecha, la justicia no llega.
Es fácil exponer diapositivas con cifras optimistas que aseguran que la seguridad y la justicia han mejorado, cuando la realidad demuestra lo contrario.
Decía Simón Bolívar que "la Justicia es la reina de las virtudes republicanas", pero tal parece que esa máxima no logra materializarse en el país porque cada asesinato que permanece impune la desmiente.
En el Talmud, libro del judaísmo, se señala: "desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados". Hablar del mundo de los jueces sería motivo de otro ejercicio editorial.
Mi conclusión respecto de esta frase es que vivimos una desgracia cuando nos vemos forzados a cuestionar a las autoridades para obtener, sin éxito, respuestas sobre la violencia que seguimos padeciendo.
En el caso de los alcaldes, la violencia no solo elimina a una persona, sino que rompe el pacto entre ciudadanos y gobiernos cuando se deja a la ciudad sin rumbo, en la indefensión, cuando se truncan proyectos de crecimiento y se debilitan pilares fundamentales como la paz, la justicia y la seguridad.