A solicitud de la ministra Lenia Batres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la revisión de un presunto adeudo fiscal de 2 mil 868 millones de pesos del conglomerado multinacional Femsa, siete días después de haber rechazado exactamente el mismo asunto.
El 6 de noviembre, el pleno de la Corte había votado 8-1 en contra de atraer el expediente bajo un criterio tradicional. Resultó que la cuantía económica no bastaba para ejercer la facultad extraordinaria de atracción y no había relevancia constitucional. Pero el 13 de noviembre, con una nueva solicitud presentada por Batres, la única disidente una semana antes, la Corte modificó su postura y aprobó la atracción por 6-3, sin que hubiera cambiado un solo elemento jurídico del caso.
El viraje de los ministros y ministras encendió una señal de alerta entre los empresarios, en un contexto donde el gobierno y el SAT presionan a todos los contribuyentes cautivos porque necesitan incrementar la recaudación para financiar el enorme presupuesto federal del próximo año, que contempla niveles históricos de gasto social e infraestructura. Si un caso fiscal millonario puede pasar de rechazado a aceptado en solo una semana por presiones internas, las empresas temen que otros litigios concluidos puedan "rescatarse" bajo criterios extraordinarios, rompiendo la certeza jurídica que sustenta inversiones y decisiones de largo plazo.
El fondo del expediente de Femsa, que tiene que ver con impuestos omitidos en 2011, no cambió en nada entre ambas sesiones de la Corte. Lo único que cambió fue la presión interna, pues Batres volvió a presentar la solicitud y un sector del pleno se movió con ella. Para varios ministros en privado, el episodio "rompe una práctica institucional", porque lo que ya se había votado no se volvía a discutir salvo circunstancias excepcionales.
¿Por qué cambió entonces el voto de algunos ministros y ministras? Hay tres explicaciones dentro y fuera del máximo tribunal. Primero, la influencia creciente de Batres, quien ha demostrado capacidad para empujar temas cuando coinciden con los intereses fiscales del gobierno.
Segundo, la necesidad del Ejecutivo de evidenciar que el Poder Judicial no será un dique ante litigios fiscales relevantes, especialmente en un año en el que la recaudación será fundamental. El caso más visible es el de las empresas del magnate Ricardo Salinas Pliego.
Y tercero, un clima político en el que algunos ministros prefieren no quedar aislados en votaciones que puedan interpretarse, desde Palacio Nacional, como "favorables" a grupos empresariales que no son afines a la línea del gobierno, como lo ha sido el emporio regiomontano que presidía hasta hace pocas semanas José Antonio Fernández "El Diablo", y cuya presidencia heredó a su hijo.
La atracción no equivale todavía a una reapertura formal del caso, pero sí es el primer paso, pues ahora la Corte podrá revisar la actuación del Tribunal Colegiado, emitir un nuevo criterio y, eventualmente, modificar el rumbo del litigio. En asuntos fiscales de esta magnitud, la atracción suele anticipar un escenario donde Hacienda podría salir favorecida, lo que alimenta el malestar entre las empresas.
Todo esto adquiere una dimensión mayor porque Lenia Batres está perfilada para convertirse en la próxima presidenta de la Corte. Su eventual llegada al cargo —que varios ministros consideran ya un hecho consumado— revive los temores centrales del sector empresarial: que el nuevo Poder Judicial, con su sello, puede operar bajo criterios políticos, no jurídicos, alineando resoluciones a objetivos fiscales y al proyecto de "justicia popular" que la ministra ha promovido.
Su iniciativa del 11 de julio de 2025, que proponía revertir sentencias firmes y eliminar la intangibilidad de la cosa juzgada, fue la prueba más clara de esta visión. La consulta cayó en su propia ponencia y, aunque la mayoría del pleno la rechazó en una sesión reciente, el daño institucional quedó sembrado.
Tras su avance político-judicial hay un operador clave: su hermano, Martí Batres, quien mueve las estructuras territoriales de la capital y es parte del ala radical de Morena. El experimentado político busca fortalecerla y fortalecerse él mismo en un rediseño del poder judicial que le dará a Lenia control sobre la SCJN y el Consejo de la Judicatura.
Lo que preocupa al sector privado no es solo su perfil político, sino su inexperiencia jurídica, sus revanchas personales y sus sesgos ideológicos. Si hoy, sin ser presidenta, logra revertir criterios en una semana, ¿qué pasará cuando encabece la Corte?
Entre tantos frentes abiertos de México con sus principales socios comerciales y en vísperas de que comience la revisión del TMEC, esta escaramuza de la Corte contra algunas de las empresas más relevantes del país ya comenzó a generar mucha preocupación en la IP.