El gobierno de Estados Unidos habría mandado realizar varias encuestas para conocer qué piensan los mexicanos sobre algunos de los temas que hoy dominan la relación bilateral en materia de seguridad, según una fuente del gobierno federal, cuya información fue corroborada con una encuestadora.
Los resultados llegaron hace un par de semanas a las manos de Donald Trump y ofrecen una radiografía poco común sobre el estado de la opinión pública mexicana frente al crimen organizado, la cooperación con Washington y uno de los asuntos políticos más espinosos para el gobierno de Claudia Sheinbaum: el del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El dato más llamativo fue el relacionado con una eventual intervención del gobierno estadounidense para combatir a los grupos criminales en México. En promedio, cuatro de cada diez personas consultadas dijeron estar de acuerdo con una acción de ese tipo. No es una mayoría, pero sí representa un porcentaje significativo en un país donde la defensa de la soberanía ha sido, durante décadas, uno de los principales argumentos para rechazar cualquier participación directa de autoridades extranjeras en asuntos de seguridad.
Las mismas mediciones incluyeron preguntas sobre Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses por su presunta colusión con el Cártel de Sinaloa. El resultado fue todavía más contundente. Ocho de cada diez entrevistados consideraron que el exgobernador de Sinaloa debería ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones en su contra.
Ese porcentaje coincide con algunas encuestas privadas publicadas en los últimos meses, aunque los estudios encargados por el gobierno estadounidense habrían tenido un propósito distinto, ya que no buscaban alimentar el debate público ni formar parte de una estrategia de comunicación. Su objetivo era ofrecer información para la toma de decisiones de la Casa Blanca en uno de los temas que Donald Trump ha colocado como prioridad desde el inicio de su administración.
La información fue procesada mientras desde Estados Unidos incrementaba la presión sobre el gobierno mexicano en distintos frentes. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas, las investigaciones del Departamento de Justicia contra presuntos colaboradores del crimen organizado, las amenazas de nuevas acciones unilaterales y el endurecimiento del discurso de altos funcionarios de ese país forman parte de una misma estrategia que busca aumentar el costo político para quienes, desde la óptica de Washington, han permitido la expansión de los grupos criminales.
En ese contexto, los resultados adquieren una relevancia política, porque si casi la mitad de los mexicanos no rechaza de entrada una intervención estadounidense para combatir a los cárteles, la narrativa tradicional sobre la defensa irrestricta de la soberanía comienza a mostrarse vulnerable. La violencia, la extorsión, el control territorial del crimen organizado y la percepción de impunidad parecen estar modificando la manera en que una parte de la sociedad entiende la cooperación con Estados Unidos.
Más revelador todavía resulta el caso de Rocha Moya. El respaldo mayoritario a una eventual extradición refleja que la discusión pública ya no gira solamente en torno a la jurisdicción o la soberanía, sino sobre la confianza en que las instituciones mexicanas sean capaces de investigar y sancionar a personajes políticos vinculados con el crimen organizado. Cuando ocho de cada diez personas consideran que un gobernador debe responder ante la justicia estadounidense, el mensaje trasciende al personaje y alcanza a todo el sistema de procuración de justicia mexicano.
Las encuestas llegaron a la Casa Blanca prácticamente al mismo tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó la invitación de Donald Trump para asistir a la final de la Copa del Mundo en Nueva York. Oficialmente ambos gobiernos presentaron el encuentro como parte de una agenda diplomática alrededor del evento deportivo. Sin embargo, al parecer no fue casualidad que la mandataria mexicana aceptara la invitación en la coyuntura de tensiones en la relación bilateral.
Todo indica que el gobierno de Estados Unidos está construyendo su estrategia con información de inteligencia, reportes militares e investigaciones judiciales. Pero también quiere entender cómo está cambiando la opinión de los mexicanos frente a un problema que dejó de ser exclusivamente de política exterior para convertirse en un asunto de seguridad nacional.
Esa quizá sea la conclusión más importante. Mientras en México el debate sigue centrado en la soberanía, del otro lado de la frontera ya comenzaron a medir algo distinto. Están tratando de responder una pregunta mucho más estratégica: ¿Hasta dónde estaría dispuesta la sociedad mexicana a aceptar una participación más activa de Estados Unidos en el combate a los grupos criminales? Si las encuestas reflejan correctamente ese cambio de ánimo, la respuesta podría sorprender a más de un integrante del gobierno mexicano. En principio, a la presidenta Sheinbaum, quien ya tiene esas encuestas en su escritorio.