Después de semanas de infructuosas negociaciones con sus aliados, Claudia Sheinbaum finalmente envió su reforma electoral a la Cámara de Diputados. Intentó disfrazar el proyecto como un rediseño profundo del sistema electoral. Se trata de una reforma construida desde el poder. Fue redactada directamente por militantes de Morena y burócratas del propio gobierno. El proyecto tiene la clara intención de acumular más poder, inclinar la cancha y dificultar cada vez más la alternancia.
Uno de los aspectos más preocupantes es la propuesta de abrir la puerta a que se eliminen publicaciones en redes sociales consideradas "manipuladas" o "alteradas" mediante tecnologías, sin explicar qué significa alterar, a qué tecnologías se refieren ni qué autoridad decidiría qué contenido debe eliminarse. Cualquier video editado, meme, infografía o crítica incómoda podría terminar censurada. A esto se suma lo que la reforma decide no tocar: la sobrerrepresentación legislativa que hoy permite a Morena y a sus aliados controlar cerca del 74% de la Cámara de Diputados cuando en las urnas obtuvieron menos del 55% de los votos.
Lo más grave de la iniciativa no es lo que contiene, sino lo que omite. La reforma evita el problema más serio que enfrenta hoy la democracia mexicana: la infiltración del crimen organizado. Cuando los grupos criminales ponen candidatos, financian campañas o intervienen en la jornada electoral, después cobran la factura. Exigen permisividad para el trasiego de droga, armas y personas, para la extorsión y el secuestro; controlan policías locales, acaparan contratos públicos y capturan presupuestos.
El gobierno intentó blindarse frente a las críticas, pero lo hizo con un gesto superficial. El texto establece que queda prohibido que los candidatos reciban apoyo del crimen organizado, así como aportaciones en efectivo o del extranjero, como si eso no estuviera ya prohibido. La legislación electoral, penal y financiera vigente desde hace años sanciona el financiamiento ilícito, el lavado de dinero y la intervención criminal en procesos políticos.
La iniciativa también presenta como novedad la coordinación entre la Unidad de Fiscalización del INE y la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar operaciones financieras de precandidatos y candidatos. Nada relevante. Si de verdad hubiera un compromiso para cerrar el paso al dinero criminal en las campañas, se plantearía un rediseño completo del sistema de fiscalización electoral, con una unidad técnica autónoma capaz de rastrear recursos y sancionar en tiempo real.
Si de verdad se quisiera combatir la narcopolítica, se establecería responsabilidad directa para los partidos y sus dirigentes cuando registran candidatos vinculados con el crimen organizado. Si hubiera un compromiso real, la reforma incluiría medidas para prevenir la violencia política. La elección de 2024 fue la más violenta de nuestra historia reciente, con más de 60 candidatos asesinados.
Y si de verdad se quisiera atacar el problema de raíz, también se contemplarían mecanismos para sancionar el sabotaje de las jornadas electorales: el bloqueo de casillas, la intimidación de votantes o la intervención de grupos criminales para inhibir el voto.
¿Por qué una reforma que pretende rediseñar el sistema electoral decide ignorar el fenómeno que hoy más distorsiona las elecciones en México? La respuesta es evidente. Porque hablar en serio de narcopolítica implicaría abrir expedientes que incomodan al propio régimen.
Implicaría responder por las redes criminales del huachicol fiscal, por estructuras como La Barredora surgida desde el gobierno de Adán Augusto en Tabasco, por las denuncias de lavado de dinero contra Vector, la empresa de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de López Obrador; por los cuestionamientos que pesan sobre gobernadores como Rubén Rocha Moya o Américo Villarreal, o por las cancelaciones de visa a políticos de Morena como Marina del Pilar Ávila.
Combatir de verdad la narcopolítica significaría abrir una puerta que podría exhibir hasta qué punto el crimen organizado ha logrado convivir con el poder político desde el sexenio pasado. Por eso se prefiere mirar hacia otro lado. Se habla de austeridad y de rediseñar la democracia mientras se deja intacto el fenómeno que hoy más la amenaza.
Eso no es una simple distorsión del sistema electoral. Es la captura del poder público por redes criminales. Y una reforma que decide ignorar ese problema no busca fortalecer la democracia, sino proteger al poder corrupto que hoy gobierna. Con una reforma así, la democracia se doblega y el régimen termina desnudando su propia podredumbre.