La protesta social representa un derecho humano inalienable, forma parte de la libertad de expresión y constituye un elemento fundamental de las sociedades democráticas; por ningún motivo debe limitarse o criminalizarse, al contario, deberá contar con la protección de las autoridades para que estos actos puedan llevarse a cabo de manera pacífica, sin afectar otros derechos ciudadanos, como lo son la paz social o el libre tránsito.
La protesta social representa un verdadero desafío para las autoridades que tienen que contener los atisbos de violencia social en que pueden derivar estos actos, especialmente el vandalismo o la rapiña, además de la violencia social que pueda afectar a instalaciones gubernamentales, monumentos históricos, negocios que se ven saqueados, enfrentamiento entre grupos opositores, diversas situaciones que son un reto para que las autoridades puedan mantener un clima de paz y responder con la aplicación de la ley cuando ésta se vea vulnerada.
Una protesta social mal manejada puede ser el inicio del final de un gobierno, puede también ser la oportunidad para demostrar las competencias políticas de los funcionarios; el manejo prudente de las crisis puede generar apoyo de la población, pero también una represión violenta puede crear mayor encono y suscitar que el movimiento social crezca y se convierta en una tumba política inesperada.
Las protestas sociales expresan problemáticas diversas y permiten visualizar situaciones de injusticia social o violación de los derechos humanos, que requieren una respuesta obligada por parte de las autoridades. Esta respuesta puede ser decidida, inteligente, aplicando las leyes correspondientes; también puede ser esquiva y omisa, permitiendo que se vulneren otros derechos y se transgredan leyes, imperando con ello la impunidad.
Una cuestión a la que debe dar respuesta un gobierno es hasta dónde la aplicación de las leyes es parte de su deber, o pueden ser éstas consideradas en su ejercicio de manera discrecional, de acuerdo a criterios políticos. Otro aspecto son las medidas coercitivas que deben aplicarse cuando se transgreden las leyes, hasta dónde se trata de un ejercicio justificado dentro del marco legal, o realmente es una represión gubernamental.
Motivos para protestar son diversos, sólo comentar algunos casos que pueden ser de interés para analizar los aspectos que hemos señalado. Como recordamos el 06 de enero del 2021, el ex presidente norteamericano, incitó una revuelta en contra del Capitolio; las agencias de seguridad norteamericanas han investigado y se ha llevado a prisión a muchos de los que allí protestaron de manera violenta.
Recientemente el ex presidente norteamericano, Donald Trump, señaló en un mensaje desde Conroe, Texas, que de llegar a la presidencia nuevamente en el 2024, consideraría el indulto de muchos de los violentos manifestantes que hoy están en prisión y que participaron en el asalto al Capitolio. Esta declaración se realiza en un contexto político donde se tendrán elecciones de mitad de mandato durante este año para renovar el Congreso.
En el caso Acapulco, la semana pasada un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, acostumbrados a tomar casetas de las autopistas y nutrir sus arcas con el dinero que allí cobran indebidamente, fueron confrontados con las autoridades que finalmente se decidieron a tratar de poner un alto a este tipo de actos que transgreden las leyes. La respuesta de los estudiantes no sólo fue violenta, con piedras, palos y cohetones, además, en un abierto intento de homicidio, catapultaron un tráiler que habían previamente secuestrado, en contra de los policías estatales y la Guardia Nacional.
La alcaldesa de Acapulco, intervino inmediatamente señalando que no se debe criminalizar la protesta social, y que no había ningún delito que perseguir porque nadie manejaba el vehículo en ese momento. Más que aplicar las leyes, lo que se debe hacer, es dialogar con los estudiantes, siempre privilegiar el diálogo, enfatizó la edil.
En la posible aplicación de las leyes por parte de las autoridades, existe una oscilación que va desde la represión gubernamental hasta el otro extremo que es la permisividad absoluta, el laissez faire total, dejar hacer, se prohíbe prohibir, por lo que los estudiantes pueden seguir actuando con total impunidad en sus actos lesivos.
El tercer caso que comentaremos ocurre en Ottawa, la capital de Canadá, donde tenemos claro que se trata de un gobierno muy celoso en el cumplimiento de las leyes, sin embargo, el movimiento denominado “Freedom Convoy”, que surge como parte de una protesta social en contra de los decretos gubernamentales, que obligan a usar el cubre bocas (mask) y vacunarse para poder llevar a cabo actividades laborales, generó un descontento profundo en grupos radicales que se oponen a estas medidas sanitarias.
La ciudad de Ottawa lleva dos semanas tomada por un grupo de camioneros, así inició originalmente la protesta, este grupo de trabajadores del volante tomaron con sus camiones el centro de la ciudad, acapararon y desquiciaron el tránsito y, no sólo eso, han desarrollado una guerra psicológica que ha afectado profundamente a la paz y tranquilidad de esa ciudad capital.
La civilidad canadiense se ha visto trastornada, considerando que una de las acciones más denostadas por parte del ciudadano canadiense es que la gente pite (utilice el claxon) mientras maneja. Imagine usted este acto de protesta (“honk for freedom”) donde cientos de potentes bocinas de los camiones son activados día y noche, sin parar. Este hecho forma parte de una estrategia de guerra psicológica que ha estresado muchísimo a los otaueses.
El jefe de la policía de esa ciudad ha señalado que han logrado aislar a los manifestantes, prohibiendo que ingresen más al centro de la ciudad, pero la gente sigue llegando a pie; también Jim Watson, alcalde de Ottawa decidió declarar un estado de emergencia para lograr el apoyo de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, ya que la violencia que han ejercido los manifestantes no ha logrado ser contenida a pesar de las multas que la policía ha establecido para aquellos que están alterando el orden público y trastornando los nervios de los ciudadanos con esta guerra auditiva, que nos recuerda una tortura de tipo terrorista. El alcalde aseguró que van a aplicar la ley a aquellos que la hayan transgredido. Aunque en este año no habrá elecciones en Canadá, hay intereses políticos y financiamiento económico detrás de este movimiento que las autoridades hoy investigan.