El panorama laboral es desolador. Seis de cada 10 personas asalariadas no ganan lo suficiente para sostener a su familia (60%), 4 de cada 10 carecen de seguridad social (42%), la mitad carece de contrato laboral estable (52%) y casi 9 de cada 10 carecen de medios de organización para la negociación colectiva de sus condiciones laborales (86%).
Todo esto sucede en abierta contradicción con las normas del derecho al trabajo digno establecidas en la Constitución, cuyo 105 aniversario recién celebramos. Esta violación de derechos laborales constituye una de las causas principales de los niveles de la pobreza en nuestro país. En la industria manufacturera, el principal sector empleador, el 60% de su personal asalariado, más de 3 millones 700 mil personas, tienen un salario que no es suficiente para sacar a una familia de dos personas, ellas y una más, por encima del umbral de pobreza. Esto es, no ganan para cubrir el costo de dos canastas básicas. En el sector comercial, la situación es aún peor, el 70% del personal carece de ingreso suficiente y más de la mitad de su personal asalariado (51%) carece de contrato estable.
El tamaño cuenta. Los micro y pequeños negocios presentan los niveles más altos de precariedad laboral, sin embargo, en la mediana y la gran empresa los niveles son inaceptables. El 46% de quienes trabajan en grandes empresas, con más de 250 personas ocupadas, ganan menos del costo de dos canastas básicas. Es decir, su salario no supera el umbral de pobreza para 2 personas.
Para las unidades económicas más pequeñas el cumplimiento de las obligaciones laborales, iniciando por el costo de la seguridad social es un reto permanente. La evasión de la seguridad social y la precariedad laboral son parte de las estrategias de la sobrevivencia.
En los micronegocios, que son los que ocupan hasta 10 personas, el 84% de las personas asalariadas carece de seguridad social, el 88% carece de contrato estable y el 73% carece de salario suficiente para adquirir dos canastas básicas. En estas unidades además hay una alta tasa de personal no remunerado, generalmente familiares que colaboran en el negocio y no reciben un salario formal.
El problema es que los micro negocios son más del 90% de las unidades económicas del país y emplean alrededor del 30% del personal (sin contar a quienes trabajan por su cuenta). Al transitar por cualquier colonia popular o por ciudades medianas o pequeñas, la presencia de estas unidades económicas micro es evidente: tienditas de abarrotes, "estéticas", talleres, carnicerías, pollerías, fondas y otros negocios de venta de alimentos y comercios de todo tipo.
Cada micronegocio tiene un promedio menor a 3 personas ocupadas. La gran mayoría no están afiliadas a la seguridad social (84%). Esto implica que quienes ahí trabajan carecen de acceso a servicios de salud de la seguridad social, de acceso a estancias infantiles para las madres trabajadoras, de ahorro para el retiro y de ingreso en caso de incapacidad, maternidad o desempleo.
Desde la sociedad civil reiteramos los dos ingredientes indispensables de la fórmula México sin Pobreza: (1) trabajo digno y (2) acceso universal a servicios de salud, de cuidado y protección social al ingreso. Este segundo componente requiere una reforma de gran calado de la seguridad social. Superar el modelo segmentado del seguro social donde el acceso a servicios de salud depende del empleo es contrario al enfoque de derechos, la salud no puede ser una prestación laboral. Estos y otros datos son parte del undécimo reporte del Observatorio de Trabajo Digno, basado en datos oficiales de Inegi, disponible en frentealapobreza.mx
@rghermosillo