La simple sospecha de que el gobierno de la 4T haya tolerado, o incluso aceptado la ayuda del crimen organizado para que Morena ganase alcaldías y gubernaturas en las pasadas elecciones del 06 de junio, debilita autoridad moral del Poder Ejecutivo como garante del estado de derecho.
La tibieza y desdén de las declaraciones del presidente al hablar de la posible participación del crimen organizado en las elecciones, ya es en sí misma un indicador de su actitud frente al tema. En mayo, unos días antes de las elecciones el presidente declaró que algunos medios de comunicación magnifican los atentados y homicidios de candidatos, con el fin de enrarecer el ambiente rumbo a las elecciones.
Su mensaje de agradecimiento al crimen organizado por haberse "portado bien" durante los comicios, nos lleva a preguntar ¿No sabía de todo lo que sucedió el mismo domingo seis de junio en varios estados durante el denominado "día D"? ¿No es el presidente el hombre mejor informado del país?
El candidato de la coalición Va Por México a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora, así como el actual gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, han denunciado públicamente la intromisión del crimen organizado en las pasadas elecciones.
Es fácil para el gobierno de la república exigir que quien denuncie presente pruebas sobre hechos concretos sucedidos el día de la elección. Sin embargo, el temor y el miedo a denunciar, lo que equivale a enfrentar cara a cara a la delincuencia organizada, representa un freno. Ha trascendido que no hay suficientes abogados para interponer los recursos legales para formalizar las demandas, pues ellos mismos deben estar temiendo por su seguridad.
Por tanto, estos delitos debiesen perseguirse "de oficio", sin que medien denuncias de particulares, pues la afectación es a la sociedad en general y en lo particular a la colectividad de electores que vieron robado su voto por el crimen organizado.
Para Morena y el gobierno federal, beneficiarios de esta intervención en muchos casos, es más cómodo voltear para otro lado y mostrarse sorprendidos por las denuncias.
La cifra de 91 candidatos asesinados desde el 07 de septiembre del 2020 y hasta el 05 de junio, un día antes de la elección, evidencia la injerencia del crimen organizado en estas elecciones. Poco se habla de un estimado de 910 agresiones de todo tipo, entre lo que están incluidos "levantones", secuestros, amenazas y extorsiones para intimidar a candidatos y a su equipo de campaña, para que se retiren de la contienda o se dejen ganar con holgura.
De comprobarse judicialmente la intervención del crimen organizado se prenderían las alertas, no sólo en México, sino también en la comunidad internacional, principalmente en Estados Unidos.
Es muy probable que los servicios de inteligencia de Estados Unidos tengan información precisa y suficiente, principalmente en las elecciones de los estados del Pacífico, donde las encuestas dieron un vuelco.
¿Qué sucederá cuando estos grupos de la delincuencia organizada empiecen a cobrar la factura por los favores otorgados a los nuevos gobernantes?, con su consentimiento o sin él.
El grave problema es la pérdida de autoridad moral gubernamental, lo cual envalentona a la delincuencia y estimula a quienes están fuera de estos grupos a iniciarse en la actividad delictiva. ¿A usted qué le parece?
Twitter: @homsricardo