México se ha convertido en un país donde las organizaciones criminales influyen de manera significativa en la esfera económica, política y social. Los enfrentamientos y ajustes de cuentas entre bandas delictivas siguen dominando el espectro y el epicentro del debate público y privado. El escalamiento del conflicto en regiones enteras arropado por la política de abrazos deja en la indefensión a todos por igual.
La normalización de la violencia supera la política ficción; el empoderamiento de la impunidad, la corrupción y complicidad exhibe que cualquier voz atentando contra los oscuros intereses criminales será silenciada ante un Estado postrado y omiso. Ejemplos siguen sobrando.
El reciente asesinato de la presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola en Baja California es otro botón ensangrentado en la mercería morena de la cacareada transformación. Meses alzando la voz en contra de la pesca ilegal, el cobro de piso y la extorsión fueron la causa de su ejecución.
La vida en la cuatroté a escasos meses de empezar la nueva administración está plagada de violencia, corrupción y desconfianza creando un ambiente de miedo constante. La impunidad y complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno junto con sus efectos devastadores sobre la economía y el tejido social perpetúan un ciclo de terror difícil de romper.
La transversalidad de cualquier evento criminal y el cruce de fronteras sectoriales impacta múltiples aspectos de la vida cotidiana de millones de mexicanos.
Vivir con miedo es ya una realidad en México. Una situación compleja y multidimensional que aún no encuentra salidas y/o soluciones. Casi seis años después el río desborda sangre convirtiendo este sexenio como el más violento en la historia reciente.
La desconfianza que prevalece entre instituciones encargadas de velar por la seguridad y el Estado de derecho es un enorme obstáculo en la rendición de cuentas y de resultados. Y esta cadena vuelve a tener secuelas en la relación bilateral.
Hace unos días el presidente Joe Biden impuso aranceles al acero y aluminio provenientes de México y que hayan sido fabricados en otros países. La medida, como un claro intento por evitar que China eluda impuestos de importación al enviar mercancías a través del socio comercial más importante de los Estados Unidos. Se anunció que se impondrán como parte de un acuerdo a través de la sección 232 de la Ley de Expansión de Comercio, aplicada a importaciones que pudieran ser amenazas a la seguridad nacional estadunidense.
Otro botón más en la mercería bilateral diplomática. Se sigue abonando a la pérdida de confianza ante el torbellino de intereses geopolíticos en la región. E indudablemente el resultado de la elección presidencial en noviembre próximo dará un giro en la relación, gane quien gane.
La presión en los puntos de inflexión en la evidente escalada del conflicto comercial está alcanzando un nivel tal que pudieran desencadenar un cambio significativo en la dinámica del mismo de cara a la revisión del TMEC con un impacto multifacético para los tres países.
Y esta secuela puede afectar la estabilidad regional y global.
La pregunta obligada sería ¿México está aplicando el conflicto como estrategia?
Los análisis de prospectiva para el último trimestre del año no son optimistas y la nueva administración necesitará desarrollar estrategias de muy corto plazo, más resilientes y adaptables.