Votar nos hace iguales frente al poder político únicamente el día de la jornada electoral. Después de ella se vuelven a activar las desigualdades que a unos acercan y a otros alejan de las decisiones públicas. La construcción del Frente Amplio por México es expresión de esa deuda acumulada por las democracias de la Tercera Ola. Ya tenemos instituciones para la competencia electoral, pero no para empoderar a la ciudadanía en las decisiones políticas. La encendida defensa del INE por la Marea Rosa contra el bloque autoritario AMLO-Morena y la presión que ejerció sobre los partidos de Va Por México les obligó a abrir —por ahora temporal y parcialmente— la cápsula del sistema político a la ciudadanía. Sin esa presión, el proceso de selección de candidata que hoy lleva a cabo el FAM no se habría realizado y la oposición no habría generado el polo que ya contrapesa a Morena, y que hace dos meses no existía. En la contienda electoral que viene veremos a la sociedad civil volcarse a la política electoral como no lo veíamos desde 1988.
El liberalismo conservador sostiene que los ciudadanos actúan en lo público cuando votan y después de hacerlo se retiran a sus asuntos privados, dejando en manos de los representantes el manejo del gobierno. En los hechos, esta visión obsoleta sigue campeando en los partidos políticos y los gobernantes, que creen que al ser electos reciben cheques en blanco. Los ciudadanos reaccionan con una respuesta dual: de un lado, reclamos machacones a la "democracia" por promesas incumplidas y, por la otra, inhibición para para cumplir la obligación de involucrarse en los asuntos públicos.
A esta visión conservadora de la representación política le ocurre lo que a muchas instituciones antiguas que dejan de servir y perduran como adorno o estorbo a la agenda actual. La sobrevaloración del voto como Alfa y Omega de la democracia es un obstáculo al desarrollo democrático. Ha llevado a desdeñar la relevancia de la interacción entre ciudadanos y representantes más allá del momento electoral. A lo largo de los periodos de gobierno, la relación más notable entre ellos es la que consiguen capturar los grupos de interés con mayor poder de influencia (indebida) en las decisiones públicas. Si los grupos con menores capacidades no se empoderan mediante instituciones idóneas, sus intereses quedan en manos de quienes pueden capturar las preferencias del gobierno. Para que la igualdad política consustancial a la democracia recupere su justa dimensión es necesario fijar la atención en reformas que equiparen la igualdad del voto con la igualdad de influencia en las políticas de gobierno. Si queremos evitar que la democracia colapse en las manos de autócratas y populistas, el paso que sigue es esa abrir paso a nuevas formas de la representación democrática.
La baja estima en que la mayor parte de la sociedad tiene a los gobiernos y los partidos políticos conduce a la apatía, pero también es un llamado a repensar la brecha entre representantes y representados, que se ha petrificado en la mayor parte de los sistemas plurales. Requerimos introducir el principio de igualdad política en la manera en que partidos y gobierno se relacionan con la opinión y la voluntad de la ciudadanía. No se trata de satisfacer caprichos de ocasión, sino de lo contrario: crear los canales que formalicen la expresión de la energía que se mantiene reprimida o se transforma en iracundia de funesto destino, como en las redes sociales.
El Frente Amplio por México expresa la necesidad de abrir las puertas de partidos y autoridades a la incorporación de la sociedad en las decisiones. Para hacerlo hay que crear instituciones vinculantes de consulta e intervención. La democracia que sigue es institucionalizar la igualdad en las decisiones públicas durante los días en que no hay elecciones, que son todos, menos uno. Votar y regresar a la vida privada no basta; se requiere el contrapunto continuo entre ciudadanía, legislación y gobierno que cierre la brecha abierta por la representación conservadora.