La crisis del agua
La Constitución política del estado libre y soberano de Nuevo León en su artículo 3º. dice a la letra:
“Toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para su uso personal y doméstico”.
Este es un derecho de las personas, ya que la Ley de Aguas Nacionales establece claramente que la prioridad será siempre el uso doméstico por encima de cualquier otro. Sin embargo, en los últimos días nos hemos dado cuenta de que familias completas se han quedado sin el servicio de este valioso recurso, lo cual es inaceptable. Por un lado, se viola un derecho humano y por el otro se violenta a la misma Constitución Estatal vigente.
Debo aclarar que sí concuerdo con la campaña de uso y cuidado del agua de uso doméstico. Incluso recuerdo en mi niñez haber observado que mi abuelita Rosa aplicaba todas estas técnicas de ahorro de agua, además de la captación de agua de lluvia. Pero considero que las acciones deben ser aún más amplias para llegar a una solución integral con visión de futuro y con la participación de todas las autoridades. Hace falta, en lo inmediato, reparar las fugas, combatir los adeudos históricos de autoridades municipales y estatales, así como priorizar siempre a las familias sobre otros usos.
Cada 14 de marzo se celebra el “Día internacional de acción contra las represas y en Defensa de los ríos”, esta fecha cobra relevancia en la actual situación.
En estos días observamos denuncias sobre represas ilegales localizadas en los cauces de ríos, tanto en la cercanía de la presa La Boca, como de la presa El Cuchillo. Estas denuncias provienen de medios de comunicación y de personas cercanas a esos lugares.
Sin embargo, no se ha hecho uso de tecnologías como drones o sobrevuelos por parte del equipo del gobernador, alrededor de estos cauces, para buscar más represas ilegales. Aunque hemos visto que, para publicitar ciertas acciones gubernamentales, sí se ha contado con drones que graban el palacio de gobierno y hasta se utilizó un helicóptero para supervisar la presa Libertad aún en construcción.
Si el Gobierno estatal estableciera un convenio con la CONAGUA, podrían planear una inspección aérea de los cauces de ríos que abastecen naturalmente nuestras presas. Esto debe ser una prioridad a corto plazo, ya que los otros proyectos que se plantean para traer agua a nuestro Estado tardarían en consolidarse desde 3 hasta 7 años y estamos a contrarreloj.
Aunado a esto, considero que la opción que pretende desviar ríos de otros estados y que no contempla proteger los propios, no es una visión sustentable. No es garantía de seguridad hídrica y no combate la contaminación de los cuerpos de agua en nuestro territorio. Es una visión cómoda que dejaría morir los recursos y la naturaleza regionales; que obligaría a desplazamientos humanos en zonas sin abasto de líquido y que comprometería el futuro del área metropolitana, que ya de por sí es atípica, porque concentra un porcentaje muy elevado de la población del Estado; gente que convive con los contaminantes industriales, los respira y, para colmo, no tiene acceso al agua.
No sabemos qué decisiones tomará el Ejecutivo y aunque soy consciente de que la gente eligió este proyecto de gobierno, desde el Congreso local debemos ayudar a encontrar o proponer soluciones alternas que no se contrapongan, sino que acompañen al resto de las políticas públicas y que garanticen los derechos humanos.
También debemos ejercer nuestro derecho a la información: Datos de CONAGUA señalan que, en México el 76 % del agua se utiliza en la agricultura; 14 % en el abastecimiento público; 5 % en las termoeléctricas y; 5 % en la industria.
Estos datos se encuentran entrelazados con las concesiones de agua otorgadas. Lamentablemente, a nivel local nos damos cuenta de que hay empresas propietarias de concesiones para “uso agrícola”, que en realidad pertenecen a otras industrias, a inmobiliarias, a empresas que comercializan agua purificada, hielo e, incluso empresas que transportan líquidos, lo que nos hace desconfiar del uso que le darán a dichas concesiones.
Debido a que el agua para uso agrícola no tiene costo, es un tipo de concesión muy atractiva. Hay casos de personas que lo solicitan para después traspasar su concesión a la industria. En ese sentido, el combate a la corrupción debe estar presente en cada esquina y no retroceder, ya que este mal atraviesa cada servicio y cada derecho humano. La corrupción le cuesta económicamente al país, pero también cuesta vidas.
Para solucionar esto, se necesitará a futuro, reformar la Ley de Aguas Nacionales para prohibir este tipo de traspasos y simulaciones.
También hace falta extender las áreas naturales protegidas (ANP) para protección del trayecto completo de ríos, aumentar el presupuesto para mejorar los programas de protección de ANPs y sumar más inspectores a Conagua. Esto le corresponde al Gobierno Federal. En fin, todas las autoridades en todos los niveles pueden sumar alguna acción para resolver esta crisis.
Por ahora, es necesario que la ciudadanía que se percate de la existencia de represas ilegales, presente su denuncia ante la CONAGUA y PROFEPA por causar un desequilibrio ecológico; en la CNDH por violar su derecho humano al agua o al Ministerio Público en caso de observar descargas ilegales que contaminen ríos o dañen el medio ambiente. Cada gota de agua que logren salvar ayudará a sortear esta crisis. Por supuesto, estoy a su disposición para acompañar estas denuncias y colaborar en el combate a la corrupción. Ya que, como dice un proverbio maya:
No puedes poner maíz en una canasta con huecos
Sígueme en Twitter: Jessy_MtzNL