Tonatiuh Márquez no era un directivo menor. Se trataba de un personaje con reporte directo a Palacio Nacional, según funcionarios que lo conocieron de cerca. No era necesariamente alguien de la total confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino un operador vinculado a uno de sus colaboradores más influyentes: José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Peña Merino tenía bajo su responsabilidad la modernización de las aduanas mexicanas, con facultades que rebasaban, en algunos casos, a las del titular formal de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo. El compromiso era incrementar la recaudación asociada al comercio exterior hasta en un punto porcentual del Producto Interno Bruto, es decir, más de 300 mil millones de pesos, mediante el uso intensivo de tecnología, digitalización de procesos y nuevos controles.
La instrumentación de esa estrategia dentro del sector aduanero recayó en Alex Tonatiuh, quien acumulaba experiencia como funcionario y como representante legal de empresas dedicadas a la importación y exportación. Además, ya había trabajado con el equipo de Marín Mollinedo como director de Recaudación Aduanera durante la primera incursión de ambos en el ramo, todavía en el sexenio de López Obrador.
El problema fue que Tonatiuh también fue acumulando mucha riqueza, derivada —según su entorno— de actividades privadas previas y de herencias familiares. Esa opulencia levantó las primeras alertas, pues no es común —y menos en este gobierno— que un funcionario presuma una colección de relojes valuada en alrededor de ocho millones de pesos o un penthouse de tres niveles en la zona de Polanco, sin que ello genere suspicacias.
No obstante, lo que terminó por meterlo en serios problemas fue el vínculo que autoridades estadounidenses le detectaron presuntamente con el Cártel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela, suficiente para considerarlo un riesgo para la seguridad de sus ciudadanos. En concreto, se identificó que a inicios del sexenio pasado habría participado en operaciones de importación sin materialidad por alrededor de 250 millones de pesos, principalmente con una empresa colombiana denominada Materias Primas y Suministros, que años atrás había figurado en la lista de sanciones del gobierno estadounidense.
Pese a ello, sobre Alex Tonatiuh no pesa, hasta ahora, denuncia alguna o investigación abierta en la Fiscalía General de la República, hoy encabezada por Ernestina Godoy. La instancia que integró los expedientes y generó los documentos que lo exhibieron públicamente fue el Servicio de Administración Tributaria, que maneja Antonio Martínez Dagnino, amigo personal de Andrés Manuel López Beltrán.
De hecho, tras la auditoría fiscal CGA2000285/20, que documentó irregularidades en las empresas de comercio exterior vinculadas a Tonatiuh Márquez, el funcionario recibió respaldo político e incluso mayores atribuciones dentro de las aduanas. Sin embargo, el golpe asestado fuera de las fronteras del país fue determinante, particularmente bajo un estilo de gobierno como el de Donald Trump, que mantiene un seguimiento puntual de los perfiles y movimientos de los funcionarios mexicanos. Ahí se terminó de sellar su destino.
Luego de su visita a Washington D.C. para asistir a una cena ofrecida por el presidente Donald Trump, Ricardo Salinas Pliego decidió responder al gobierno mexicano tras la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a su grupo empresarial a enfrentar un adeudo fiscal multimillonario. En su mensaje, dijo que su prioridad es "cerrar este capítulo" con el Servicio de Administración Tributaria, insistiendo en la búsqueda de certidumbre jurídica y no de confrontación política.
Su posicionamiento, difundido en redes sociales, reconoce la voluntad de cumplir solo con lo que legalmente corresponda, y pone énfasis en que el SAT entregue por escrito un desglose transparente de los 31 mil o 51 mil millones de pesos que reclama. Salinas Pliego recordó que, durante el tiempo que ha durado el litigio Grupo Salinas ha aportado más de 285 mil millones de pesos al fisco, pero difiere en cómo se calculan los recargos y actualizaciones, que él atribuye a interpretaciones de la propia autoridad fiscal.
El gobierno federal, por su parte, se sostiene en que el caso es estrictamente legal y que el pago debe concretarse conforme al Código Fiscal de la Federación, reiterando que los recursos podrían destinarse a programas sociales si llegan a la Hacienda pública en tiempo y forma. La expectativa ahora gira en torno a enero, cuando se espera el documento formal del SAT con los fundamentos y cifras definitivas que permitirán desenredar un conflicto que ya se torna político y que marcará un parteaguas en las disputas fiscales de privados con el gobierno.