Las 13 nuevas centrales del gobierno mexicano para generación de energía eléctrica, supuestamente adquiridas hace un mes a la española Iberdrola, arrancarán su operación como parte de la infraestructura del Estado con sus activos financieros plenamente comprometidos. Un informe del gobierno al que tuvo acceso esta columna, da cuenta de las respectivas razones sociales que serán sujetos de crédito para cubrir los 6 mil millones de dólares que representan la transacción con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pagará lo que llamó la "nacionalización de la industria eléctrica".
La banca de desarrollo mexicana evalúa la viabilidad y capacidad financiera de cada una de las empresas que creó el consorcio español, para autorizar una solicitud de financiamiento de primer piso: en su Modalidad Tradicional. Además de analizar la capacidad de pago de cada una de las plantas, se evalúa también el perfil crediticio de su nueva propietaria, el gestor estatal de fondos Mexico Infrastructure Partners (MIP).
El equipo de Nacional Financiera revisa las finanzas y categoría de 12 razones sociales que representan legalmente a las 13 plantas: Iberdrola Energía del Golfo, Iberdrola Energía Topolobampo, Iberdrola Energía Noroeste, Iberdrola Energía Escobedo, Iberdrola Energía Altamira, Iberdrola Energía Tamazunchale, Iberdrola Energía La Laguna, Iberdrola Energía Monterrey, Iberdrola Energía Baja California, Energías Renovables Venta III, Enertek y Tamazunchale Energía,
Al interior de la financiera que lleva Luis Antonio Ramírez Pineda el proyecto se conoce como THOR y se enlista como beneficiario final de los fondos el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración No. 5661. Este es el fidecomiso que se anunció para recibir la mayoría de sus recursos del Fondo Nacional de Infraestructura para evitar que se asumiera como deuda del Estado.
Con esto se confirma que la infraestructura adquirida a Iberdrola de ninguna manera es propiedad de los mexicanos; de hecho, el proceso es lo más alejado a una "nacionalización", como quiso anunciarlo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las centrales de generación eléctrica siguen siendo empresas privadas, controladas por un gestor de fondos de perfil internacional y con un nivel de deuda que, en parte, se fondeará de los mercados bursátiles.
De entrada, hay que decir que la dueña de las nuevas plantas eléctricas no es la Comisión Federal de Electricidad, sino MIP. Hablamos de un controlador que, si bien opera con recursos de instituciones públicas mexicanas para infraestructura y energía, también se nutre con los mercados de deuda, donde acumula activos por alrededor de 4 mil millones de dólares, menos de la mitad de lo que tendrá con la absorción de los negocios de Iberdrola.
Asimismo, hay que evaluar y cuestionar el hoyo financiero que representa el que los créditos para la compra de la infraestructura tengan como garantía sus propios activos. En palabras llanas se toma el valor del producto que se compra para asegurar el pago del mismo, algo parecido a lo que el Grupo Posadas realizó para quebrar a la emblemática Mexicana de Aviación: tomar recursos del flujo de la aerolínea para financiar su compra.
La operación apunta nuevamente a un desastre multimillonario, con graves riesgos económicos y de autosuficiencia energética para el país, todo justificado en el simbolismo de un Presidente que quiere reproducir las glorias del general Lázaro Cárdenas, regresando al Estado la operación y el control de un Sistema Eléctrico Nacional que, como hemos descrito, está a punto de colapsar.
Se espera, por lo menos, que el ideológico discurso de la "nacionalización" sea una estrategia política que busque posicionar al gobierno de AMLO al nivel de los más populares o populistas de la historia, puesto que sería aún más grave para el país que el Presidente se crea su propia historia.
@MarioMal