Hay ocasiones en que la justicia tarda en llegar, como hay otras en las que lamentablemente no llega. Por eso cuando se aplica, así sea mucho tiempo después, es ocasión digna de celebración.
Debemos sentirnos complacidos al saber que por fin, luego de 13 años, la justicia ha llegado para Jorge y Javier, los estudiantes del Tec asesinados a las puertas del instituto y a los que dolosamente elementos del Ejército les sembraron armas para hacerlos pasar como delincuentes.
Tras 13 años de un largo y doloroso proceso, por fin un Juez determinó que los responsables de las muertes de ambos jóvenes deberán pugar una condena de 90 años de prisión.
El encarcelamiento de los responsables no les devuelve la vida a los dos muchachos, pero brinda paz a familiares y amigos que con ello sienten que se ha castigado a quienes perpetraron los hechos y pretendieron manchar la memoria de las víctimas.
Igual, sin tanta dilación y sin que por fortuna hubiese muertes de por medio, hace unos días se ha hecho por fin justicia a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al empresario, filántropo y mesías regiomontano don Gustavo de la Garza Ortega, por los hechos cometidos por el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño y funcionarios de su administración en contra del primero.
En esa delgada línea que divide el tomar las leyes y reglamentos a pie juntillas (casi siempre para los enemigos) y el aplicar criterio y sentido común para ser un tanto, cuanto, laxos, el alcalde sampetrino se ha excedido en sus funciones y se extralimitó en su proceder contra don Gustavo y hoy deberá afrontar las consecuencias.
No es la cárcel, una sanción económica o su inhabilitación, pero la recomendación dictada por Derechos Humanos debe doler muchísimo al inmenso ego del Edil que deberá cargar en su palmarés esta derrota como un recuerdo permanente de que ser alcalde no equivale a ser el Virrey y que su proceder debe ajustarse estrictamente a lo que indica la ley.
La Recomendación de la CEDH se basa en un incidente en el que el Municipio de San Pedro Garza García colocó lonas al exterior de un inmueble, propiedad del filántropo, en las que se hacía referencia a la situación jurídica de la propiedad. La Comisión determinó que esta acción vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio, así como los derechos de privacidad, intimidad, honra y honor de los habitantes del lugar.
Además, se señala que la utilización de drones durante el incidente no estaba prevista en ninguna normativa, lo que generó incertidumbre jurídica y causó zozobra emocional entre los habitantes del inmueble.
Por si esto fuese poco, la presencia de diecinueve elementos policiacos en el momento de los hechos también fue cuestionada, considerándole excesiva y desproporcionada para los fines que se perseguían con las diligencias que se llevaron a cabo.
La CEDH ha recomendado a Miguel Treviño tomar una serie de medidas correctivas, que incluyen la retirada de las lonas indebidamente colocadas, una disculpa pública a los afectados y la provisión de tratamientos psicológicos a las víctimas según sea necesario. También se ha instado a iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes.
Justicia, simple y llana, dando a las cosas su valor y colocándoles en su sitio para convivir en armonía y que nadie, así sea una autoridad, esté por encima de cualquier ciudadano.