Por antonomasia, dentro del sistema político mexicano se le ha conferido a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), documento que consagra las bases, montos y la estructura programática de la forma en la que habrán de destinarse los recursos públicos del país, encaminados a echar a andar el plan del gobierno en su sentido más amplio.
En este proceso, interviene el Ejecutivo Federal como el ente facultado para presentar el Proyecto de Presupuesto, y es la Cámara de Diputados la que otorga su beneplácito para que se ponga en marcha.
No obstante, es menester señalar que la labor que ejerció la Cámara de Diputados prácticamente todo el siglo XX y los primeros años del XXI, se avocaba únicamente al examen, discusión y aprobación anual del PEF. Sin embargo, uno de los grandes frutos consumados por la pluralidad política expresada en San Lázaro bajo la premisa de un número mayor de legisladores de la oposición a los del Partido en el gobierno, fue la reforma constitucional del 30 de julio de 2004; merced a la cual se modificó la fracción IV del artículo 74 de nuestra Carta Magna para agregar que la Cámara de Diputados podrá modificar el Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.
A partir de aquel momento y al amparo de integraciones plurales y sin mayorías absolutas al interior de la Cámara de Diputados fueron avalados un amplio número de Presupuestos de Egresos privilegiando la participación y los consensos de todas las fuerzas políticas representadas, siendo incorporadas diversas aportaciones de las y los legisladores en favor de una mejor distribución de los recursos del Estado mexicano.
Sin embargo, con la llegada del gobierno de Morena hemos sido testigos de vicios que atentan contra la pluralidad democrática y la construcción de acuerdos en favor del país, muestra de ello es que aún con la maratónica sesión de más de 50 horas acaecida la semana pasada en el Palacio Legislativo de San Lázaro donde la oposición encarecidamente probó y exhortó a Morena y sus correligionarios a realizar ajustes necesarios al Proyecto de Presupuesto, estos de ninguna forma cedieron.
Lo que demostraron fue un alto nivel de cerrazón política y la falta de sensibilidad con las verdaderas necesidades de millones de personas que de alguna u otra forma se verán afectados con lo que se aprobó en la madrugada del pasado domingo.
Entre esos rubros se encuentra continuar con la tendencia de desmantelamiento institucional y vulneración a la independencia y autonomía de los órganos del Estado, como lo son el Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral; al tiempo de dejar en el abandono a grupos que han sufrido severos golpes como las mujeres y los migrantes, o los sectores turístico y agropecuario.
En su lugar, los legisladores de Morena, PVEM y PT decidieron aumentar exponencialmente los recursos para programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, sin perder de vista que su apuesta para el desarrollo del país recae única y alarmantemente en proyectos de infraestructura faraónicos como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, Tabasco.
Desde la oposición, con liderazgos como el del Dip. Alejandro Moreno Cárdenas se ha dicho con toda claridad y contundencia que el Presupuesto aprobado pone en riesgo el futuro de México; y no es un hecho menor, pues sin duda alguna los intereses y las visiones que tiene Morena distan mucho de lo que nuestro país necesita.
Twitter: @manuelanorve