En días pasados, diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron del conocimiento público el hecho de que nuestro país enfrenta los peores incendios de la década ya que, de acuerdo con los reportes semanales de Incendios de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), durante el 2021 se han registrado alrededor de 3,376 incendios forestales en 29 entidades federativas, afectando una superficie de 98,839 hectáreas (ha.) de territorio. Las entidades federativas con mayor superficie afectada han sido: Nuevo León, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Durango, Michoacán, Puebla y Baja California.
Ante esta situación que está ocasionando graves pérdidas en términos ambientales, sociales y económicos, se lanzó un llamado urgente al gobierno federal para que destine los recursos necesarios y suficientes a las dependencias responsables de vigilar, prevenir y atender los incendios en nuestro país, así como para que se inicien de inmediato obras de remediación y apoyo a las personas afectadas.
Hay que considerar que en años recientes se ha presentado una serie de incendios catastróficos tanto a nivel global como nacional. En México, en 2017 los incendios forestales devastaron 91,440 (ha.) de territorio; al año siguiente 68,231 ha. y en 2019, 55,770 ha; todas esas cifras ya han sido ampliamente rebasadas en lo que va del presente año. En la mayoría de los ecosistemas, los incendios forestales de grandes dimensiones ocasionan enormes daños, también generan pérdidas económicas y afectaciones a comunidades rurales que dependen del cultivo en la tierra para subsistir. Asimismo, generan impactos negativos a la salud de las personas y, en muchos lamentables casos, llegan a cobrar vidas humanas.
Este problema, que se ha agravado en los últimos años debido a los efectos del cambio climático a nivel planetario, se agudiza aún más en México debido a la serie de fuertes recortes al presupuesto público y al personal de instituciones del sector ambiental como la Comisión Nacional Forestal (Conafor). A pesar del rechazo a dichos recortes por parte de legisladores, académicos e integrantes de la sociedad civil organizada, se han ido desmantelado tanto en administraciones federales anteriores como en la actual, las capacidades técnicas, humanas, financieras y operativas del sector ambiental, incluyendo a la Conafor, cuyo presupuesto ha sido reducido casi a la mitad (43%) desde 2012.
De igual forma, desde 2019 se canceló el Programa de Empleo Temporal (PET), que permitía financiar brigadas para trabajos preventivos y atención a incendios y se eliminó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), desde el cual se financiaba el combate a los incendios forestales. El presupuesto con el que operan actualmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Conafor y Protección Civil, así como las acciones que llevan a cabo son claramente insuficientes para atender desastres como los que están ocurriendo en los estados de Coahuila, Nuevo León, Estado de México (Valle de Bravo) y la Ciudad de México (Bosque de Tlalpan).
Es claro que hoy en día, no se cuenta con la capacidad ni con los recursos institucionales suficientes para atender la cantidad de incendios que han estado ocurriendo en el país. Lo anterior, debido en buena medida a la falta de recursos, la política de manejo del fuego ha sido prácticamente olvidada y no existe una política de adaptación a las nuevas condiciones climatológicas del país.
Desde finales del siglo pasado, la comunidad científica, académicos y organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre las consecuencias del cambio climático, siendo una de ellas un número creciente de incendios —13% del territorio nacional está en condición de muy alto riesgo y 26% en alto—. Los bosques ofrecen una fuente constante y renovable de recursos, así como servicios ambientales indispensables para la vida misma. Las organizaciones de la sociedad civil exigieron que, a nivel federal, estatal y municipal, las autoridades responsables asignen los recursos presupuestales, el personal y material suficiente, para poder atender de manera integral, sistemática y preventiva el manejo del fuego en el país, de forma que este tema sea visto como parte de una clara política de adaptación al cambio climático basada en la enorme riqueza biológica y cultural de México. Lo menos que se espera es que el Estado mexicano esté a la altura de estas exigencias y actúe en consecuencia.