Hace algunos años publiqué el libro "Escuadrones de la muerte en México", para documentar los abusos que el Estado cometió en contra de la sociedad y falta de empatía al momento de brindar justicia a las víctimas. Una de las partes centrales describía cómo desde las cúpulas del poder se llevaron a cabo desapariciones forzadas, las cuales constantemente fueron ocultadas y negadas por las autoridades.
En 1978, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a las desapariciones forzadas como violación grave a los derechos humanos, y en 2006 adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En México los derechos humanos empezaron a cobrar importancia no por un asunto de justicia, sino por motivaciones económicas. Uno de los grandes condicionantes para que el país pudiera formar parte de los tratados comerciales internacionales fue precisamente la creación de mecanismos que permitieran hacer valer los derechos humanos.
En 2008 cuando México ratificó la convención sobre desapariciones forzadas, el gobierno de ese entonces se cerró a reconocer la competencia de la instancia internacional encargada de supervisar la aplicación de este instrumento, lo cual fue una prueba más de que la defensa de los derechos humanos durante el antiguo régimen era más un parapeto que una preocupación real.
En 2011 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas visitó México. Durante su estancia examinaron múltiples casos y emitieron 33 recomendaciones. En 2015, uno de los integrantes del grupo, Ariel Dulitzky, reconoció que el 90% de las recomendaciones fueron incumplidas.
El resultado de esta indiferencia, agravado por la fallida guerra contra el narcotráfico que inició en 2006, desde la década de los sesenta hasta julio de este año se contabilizan más de 73 mil casos de desapariciones forzadas en el país. Pero la voluntad política que antes faltaba ahora sobra, pues uno de los compromisos del presidente López Obrador es poner en el centro de todas las acciones de gobierno el respeto a los derechos humanos, y hacer valer el derecho de las víctimas de desaparición forzada. Por ello, la semana pasada el Senado de la República aprobó la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, de Naciones Unidas.
Actualmente, 96 estados han firmado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero sólo 23 —incluido México— han reconocido la competencia del Comité. En palabras de la Organización, con esta decisión México empodera y refuerza el apoyo a las y los allegados de las víctimas y a quienes les ayudan en su lucha diaria por la búsqueda de la verdad y la justicia.
El gobierno del presidente, una vez más, ha roto con las inercias del antiguo régimen, y ha abierto la puerta para corregir las injusticias del pasado, pero aún falta un largo camino por recorrer y muchas verdades por conocer. Por ello, y parafraseando uno de los poemas de Rosario Castellanos, nunca podremos olvidar a quienes hoy no están; nunca podremos descansar, hasta que la justicia se siente entre nosotros.
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