En 2011 escribí "Neopolkismo", artículo que advertía sobre la difusión de las ideas intervencionistas de la Unión Americana hacia México, con motivos de seguridad, usando como referencia el mandato del presidente estadounidense James Knox Polk, quien comandó la invasión de aquel país contra el nuestro entre 1846 y 1848, que derivó en la pérdida de territorio patrio.
En aquel entonces ya se vislumbraba que la violencia del crimen organizado causaba la sensación de que era necesaria una intervención en nuestro país. Tal estrategia política, con la que, partiendo de la excusa de evitar un mal mayor, se viola la soberanía de otra nación, ha tenido distintas facetas.
Durante muchas décadas, la política intervencionista (abierta y encubierta) de Estados Unidos en América Latina, amén de en el resto del mundo, marcó la historia política de países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, Honduras y, por supuesto, México.
En la actualidad, tanto México como Estados Unidos viven momentos de transición en el plano político, con lo que también hay una renovación y modernización de las relaciones bilaterales. La administración del presidente Joe Biden ha sido respetuosa de las decisiones que al interior de nuestro país se han tomado en forma democrática, pacífica e institucional, para lograr el cambio de régimen; y la nación mexicana, fiel a su costumbre de respetar la no intervención, mantiene un trato recíproco. Esto ha generado mejores oportunidades de diálogo y cooperación.
En el Senado de la República analizamos la política exterior, cuya prioridad son las buenas relaciones con nuestro vecino del norte, tomando en cuenta todos los factores que unen ambos destinos. Además, hemos aprobado las reformas a nueve artículos de la Ley de Seguridad Nacional en materia de cooperación internacional, para ordenar la presencia y las labores de agentes del extranjero, y para coordinar el intercambio de información entre autoridades, con el trabajo auxiliar del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, a fin de dar certidumbre jurídica en estos casos y evitar actuaciones fuera del marco legal.
Las declaraciones del senador republicano Ted Cruz nos recuerdan el duro panorama que se vive en México en materia de seguridad —al cual se está haciendo frente con una estrategia integral—, y reviven aquella época intervencionista.
Para comprender esta situación, se debe aceptar que las fuerzas políticas que no coinciden con el actual gobierno no han logrado ganar apoyo popular tras su contundente derrota en 2018, por lo que se han valido de tácticas de contraste como principal herramienta, generando un clima de crispación que, como señalé, no es propicio para nadie.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respeta los derechos y libertades necesarios para ejercer el periodismo, a diferencia de lo que ocurría en pasadas administraciones. Garantizar la seguridad del gremio de la comunicación debe ser una prioridad para el Estado mexicano, que depende de la difusión de información e ideas de manera libre para consolidar su democracia.
Tomando en cuenta que es el ala republicana del Senado estadounidense la que se opone a una regulación de armas más rígida, y que la mayor cantidad de armamento decomisado en México proviene de Texas, resultan —cuando menos— incongruentes las declaraciones del legislador Cruz, a quien sugerimos respetuosamente atender y respaldar la demanda que nuestro país interpuso contra las empresas diseñadoras y vendedoras de armas que se introducen ilegalmente en nuestro país y, sobre todo, luchar por los derechos humanos de las personas migrantes, que a diario son acosadas y perseguidas, lo que recuerda terribles episodios de discriminación racial y odio étnico, que se creían superados.
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