La proyección geopolítica de México debe comprenderse entre las grandes contradicciones entre el norte y el sur. En la coyuntura actual, la falta de liderazgo del régimen de López Obrador y su fracaso en que “..la mejor política exterior es la interior” ha quedado plasmada en el escenario dantesco—con secuelas en diversos estados y en esferas políticas aún difíciles de pronosticar—sucedido ayer con la detención del delincuente Ovidio Guzmán que fue liberado en 2019 por instrucciones presidenciales después de un desordenado, caótico y pésimo manejo de la crisis justificada con mentiras y que arrastró la credibilidad del gabinete de seguridad federal.
El terror que por horas se vivió en Sinaloa donde esa organización exhibió su poder para vulnerar zonas estratégicas como lo es un aeropuerto internacional y ¡disparar! contra aviones comerciales con pasajeros a bordo y contra aeronaves del gobierno no es cosa menor.
La detención del criminal ha sido epicentro de muchas lecturas, pero la principal es el timing en que se decide detener al capito que ha sido abrazado por la política de (in)seguridad de esta cuatroté que ha llevado a organizaciones criminales a controlar una parte importante del territorio nacional.
El “golpe contundente” a días del inicio de la Cumbre de Líderes de América del Norte también ¿fue una poderosa razón por la cual finalmente, con semanas de anticipación se tomó la decisión de pintar una raya a esa narrativa de los abrazos presidenciales?
Ese relato que ha ocupado espacios importantes en informes de inteligencia —los de Sedena incluidos en la filtración de los documentos “Guacamaya”— de un gobierno relacionado y coludido con cárteles y organizaciones trasnacionales que son parte de un debate legislativo estadounidense sobre terrorismo doméstico, empieza una nueva fase.
La hoja de ruta estratégica pasa por una serie de esferas bilaterales; Estados Unidos está en plena campaña electoral y México es una parte sustantiva de lo que serán las plataformas demócrata y republicana, nada de qué sorprenderse.
Indudablemente un tema será la red de vínculos político-criminales que empezarán a conocerse y que trastoca varias décadas.
En el centro de este torbellino de las consecuencias está la doble cara del poder en las técnicas políticas del gobierno estadunidense que le está aplicando con precisión a la cuatroté; el poder duro (“hard power”), simétrico y que reproduce una lógica retributiva.
El lunes en el encuentro-choque de las tensiones latentes entre la política de Joe Biden y López Obrador hay puntos nodales que ya llevaron la relación a un punto de inflexión. La esfera de la seguridad donde México ha fracasado de manera contundente ha empujado a Estados Unidos a presionar en varios frentes y en estos cuatro años la relación se ha lastimado y vulnerado construyendo un contexto enigmático lleno de asimetrías y ambigüedades.
De señales mañaneras donde los hechos y las palabras son contradictorias.
El asunto de la política energética y las constantes violaciones al T-MEC animan a vislumbrar una oportunidad de foto sonrientes y agradecimientos mutuos llenos de simulaciones enmarcados tras bambalinas por un escenario harto complicado aderezado por el tema migratorio clave en esta agenda bilateral. Pronto saldrá el diablo en los detalles.
Sin embargo, una de las incógnitas —aquí en México y en los Estados Unidos donde en breve inicia el juicio contra García Luna— que pronto se despejarán es ¿hubo quid pro quo detrás de la detención del capito criminal?
Y la pregunta de cajón, ¿quién se beneficia con esta detención?