A estas alturas, todo el país sabe que Sinaloa fue el escenario de una balacera monumental el pasado jueves 5 de enero, producto del operativo de captura de Ovidio Guzmán.
Según declaraciones públicas de altos funcionarios federales, ese enfrentamiento fue muy costoso en términos de vidas humanas. En específico, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, afirmó en la conferencia mañanera del 6 de enero que “las autoridades contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley.” Y añadió que “diez militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente, perdieron la vida en el cumplimiento de su deber”.
En suma, habrían muerto 29 personas de manera violenta en el estado de Sinaloa como consecuencia de la detención de Guzmán.
Sería por tanto esperable que esas muertes estuviesen reportadas en el informe diario que publica la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (bit.ly/3vQ0Rc2). Esos datos, por cierto, son los mismos que se presentan en la reunión diaria del gabinete de seguridad y se construyen, según lo que señala la propia página, “por un equipo interdisciplinario constituido por la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR)”. (sic).
Pues sorpresa. En el reporte del 5 de enero, publicado al día siguiente, no se informa de un solo homicidio en Sinaloa.
Esto podría tener una explicación. El equipo que elabora el reporte tiene la práctica de no incluir un incidente hasta que se abre una carpeta de investigación en una fiscalía. Y dadas las circunstancias, es posible que haya habido rezagos del ministerio público en Sinaloa.
Vayamos entonces al reporte del 6 enero, subido al portal en la madrugada del día siguiente ¿Número de víctimas de homicidio en Sinaloa? Cuatro ¿Y el día 7? Tres ¿El 8? Uno ¿El 9? Dos.
Es decir, en el conteo diario de la SSPC, se añadieron 10 homicidios en Sinaloa entre el 5 y el 9 de enero. Como mínimo, quedarían volando 19 muertes violentas, admitidas por el general Sandoval. Y a esto, habría que sumar todos los homicidios cometidos en el estado durante esos cinco días, no vinculados con la captura.
Aquí cabe una objeción significativa: ¿las muertes producidas por las fuerzas de seguridad en un operativo como el del jueves pasado deben contabilizarse como homicidios dolosos? Depende. Si hubo un uso racional y proporcional de la fuerza, si se siguieron los protocolos correspondientes, ciertamente no. Pero eso se tiene que determinar en el curso de una indagatoria, para la cual se necesitaría abrir carpetas de investigación. Entonces, de arranque, habría que contar esas muertes como homicidios y luego hacer los ajustes necesarios.
Pero asumamos que esas muertes no se deben incluir. Quedarían aún los decesos violentos de diez militares (supongo que nadie quiere argumentar que esos hechos no son homicidios) ¿Por qué no subirlos a la estadística? ¿O hacerlo a cuenta gotas? ¿Suponen que así nadie se dará cuenta del saldo mortal en Sinaloa? ¿O hay un problema estructural con la base de datos?
A final de cuentas, esta ausencia no es decisiva: esas muertes se van a acabar contando ya sea por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o el Inegi. Pero esto es un magnífico ejemplo de la inutilidad de la cuenta diaria de homicidios. Y eso no importaría si esto fuera solo propaganda. Pero se trata de los datos que le presentan al presidente de la República.
Es decir, las muy cacareadas reuniones diarias del gabinete de seguridad están soportadas sobre información basura. Así de fácil.
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