Los mexicanos hemos generado el mito de que septiembre es el mes de los terremotos, con base en los dos eventos catastróficos que han cimbrado a la Ciudad de México. Sin embargo, estas dos funestas casualidades de la naturaleza no son previsibles. Sin embargo, el terremoto político que impactará a México el próximo mes de septiembre ha sido planeado con exactitud y será catastrófico y de dimensiones insospechadas.
Será el acto de despedida del presidente López Obrador. Si creíamos haberlo visto todo, la reforma judicial que él está impulsando para septiembre —y su propuesta de desaparición de organismos autónomos—, tendrían un impacto destructivo descomunal: México dejaría de ser el país democrático que es hasta hoy. Los medios para lograrlo son variados.
Extorsión legislativa
La forma en que Morena está manejando el tema de la posible reforma al Poder Judicial es a través de la intimidación y chantaje. Por ello, para meter presión ha lanzado una oferta: los ministros de la SCJN que renuncien voluntariamente antes del 31 de agosto próximo, se les respetará su jubilación y en contraste, a quienes sean destituidos en las fechas que se deriven por la instrumentación de esta reforma, se irán sin ninguna retribución, no obstante que se les está retirando del cargo anticipadamente y en contra de su voluntad.
¿Quién va a confiar en una negociación y promesas de legisladores que no respetan a sus adversarios? La actitud soberbia con que hasta hoy denigran al Poder Judicial les presenta ante la ciudadanía como poco confiables.
Un grave peligro que trae consigo que el Poder Ejecutivo controle al Poder Judicial —como pretende la reforma constitucional que impulsarán Morena y sus aliados en la legislatura que está por iniciar—, significa consolidar aún más la politización de la impartición de justicia. En un país donde la clase política se ha beneficiado del ejercicio de los cargos públicos; unos funcionarios tomando más -de forma rapaz y desvergonzada- y otros menos, actuando de forma discreta. Sin embargo, todos se vuelven vulnerables jurídicamente, pues la ley anticorrupción se aplica cuando hay grandes cantidades de dinero de por medio, pero también por montos pequeños cuando se quiere doblegar judicialmente a alguien.
Cooptando al Poder Judicial como pretende esta reforma constitucional morenista, el Poder Ejecutivo incrementa su poder de forma absoluta. No habrá contrapesos. Recordemos que el fin del absolutismo, como modelo de gobierno que es el que hoy vemos nacer en nuestro país, fue el origen de la Revolución Francesa, aunque tardó mucho tiempo en ser erradicado de Europa.
El eje de la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador no es el mejoramiento de la justicia, sino una lucha por lograr el poder absoluto
Más claro imposible
La entrevista que le hizo Adela Micha a Diego Valadez aclara con mucha precisión la inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación legislativa que pretenden Morena y sus aliados a partir de la repartición de plurinominales.
Primeramente, el artículo 54 obliga a los partidos -para acceder a esta prerrogativa- haber postulado un mínimo de 200 candidatos de mayoría relativa en el mismo número de distritos uninominales a lo largo de nuestro territorio. Sin embargo, ni Morena, PT, ni PV alcanzaron esa cifra individualmente. Sólo cumplieron con este requisito como coalición. Por ello es inconstitucional que pretendan recibir como partido -cada uno de ellos- lo que sólo pudieron cumplir como coalición. ¿A usted qué le parece?
@homsricardo