Durante los últimos dos años, el gobernador no envió el presupuesto de ingresos y egresos al Congreso local, argumentó que trabajaría con el primero y único que ha tenido hasta ahora, el que le aprobaron durante el momento en que él y los diputados se pusieron de acuerdo, los meses iniciales del sexenio.
Inició obras que, necesarias, no tendría asegurado el dinero suficiente para terminar y que hoy se encuentran detenidas o realizando trabajos menores, tal como las líneas 4 y 6 del Metro, en tanto que la línea 5 fue abandonada definitivamente y solo se ofrecerá el servicio de Transmetro.
Es cierto que en esta línea hubo oposición de los vecinos e incluso hay quien asegura que los diputados de oposición los impulsaron a protestar, pero anécdotas aparte, la realidad es que el estado no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la obra, por lo que decidió anunciar su cancelación.
Decíamos en nuestro anterior artículo, que por diferentes motivos el gobierno actual ha recurrido a la reacción a bote pronto ante acontecimientos que impactan en la opinión pública, convirtiéndose en una administración reactiva y no proactiva, en la cual, debido a esto, el presupuesto se desordena, como ocurrió con la compra del Black Hawk, la construcción del acueducto II a El Cuchillo o el programa de apoyo a los usuarios del transporte público cancelado por falta de recursos, además de que estos no estaban etiquetados en ningún rubro presupuestal.
En este año el gobernador decidió que sí enviaría el presupuesto al Congreso y los diputados han reaccionado al respecto tratando de llevar agua al molino de sus cotos de poder, es decir, los municipios gobernados por alcaldes emanados de sus filas, lo cual no es una crítica, sino una descripción del momento, que en términos políticos deben intentar aprovechar.
El problema consiste en que el presupuesto, luego de 2 años sin ser negociado ni actualizado, requiere de una deuda de 17 mil millones de pesos, además de que en él no se contempla el aumento del 50% a las participaciones de los municipios, como lo habían solicitado los diputados.
No es un escollo menor, salvarlo requiere de la habilidad política del tesorero de estado, pero también de la hasta hoy poco mostrada pericia negociadora del gobernador, en caso contrario podríamos tener una guerra por el presupuesto que en poco o nada abonará al bienestar de los ciudadanos de a pie, aquellos que sufrimos o gozamos de las bondades de los servicios públicos que debe ofrecer el gobierno en sus distintos niveles.
Esperemos, por el bien de Nuevo León y sus habitantes, que unos y otros realicen un esfuerzo político para alcanzar acuerdos no en favor de sus intereses, sino en el de los ciudadanos, en caso contrario, seguramente continuaremos siendo testigos del golpeteo que ha caracterizado la mayor parte de este sexenio, y observando que nadie se hace responsable de lo que sucede precisamente por esa falta de acuerdos.