La Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrenta a un oscuro panorama. Los ataques por parte del Ejecutivo, su partido y sus legisladores no tienen precedente. Desde la votación en que se determinó la inconstitucionalidad del primer decreto del llamado "Plan B", todos los medios de difusión del gobierno han focalizado su condición de instrumentos de propaganda en atacar a las y los ministros.
En las próximas semanas, el máximo tribunal tendrá que resolver nuevas controversias, que lo volverán a colocar en el centro del debate político. Y en el blanco de la ofensiva gubernamental.
Las declaraciones de invalidez que se produzcan en futuras resoluciones serán aprovechadas por la narrativa presidencial contra ministros, magistrados y jueces; pues se presentará como una supuesta prueba de las extralimitaciones del Poder Judicial, así como de su presunta proclividad a obstaculizar la justicia, incluso a ir en contra de ella. Consignas que, además de ser evidentemente falsas, son fácilmente rebatibles.
Primero, porque lo único que ha hecho la Suprema Corte es cumplir con su responsabilidad de salvaguardar el orden constitucional y el Estado de derecho.
Segundo, porque el control de constitucionalidad que ejerce el máximo tribunal está muy lejos de ser una decisión minoritaria que se contrapone a la de una mayoría electa en las urnas.
La inconstitucionalidad del "Plan B" es reveladora. Pese a la rigidez de los criterios y la conocida pluralidad de opiniones entre las y los ministros que integran el Pleno, las violaciones al procedimiento en ese atropello fueron tan evidentes que se alcanzó el voto calificado por la invalidez de la reforma.
Finalmente, el hecho de que la Corte no sea electa por el voto ciudadano no significa que sea un órgano antipopular, mucho menos antidemocrático.
Bajo esta óptica, una de las funciones esenciales de la Corte es salvaguardar los consensos históricos reflejados en el texto constitucional, aun cuando eso implique invalidar una reforma aprobada por la mayoría en turno. Las mayorías son pasajeras, pero la Constitución es permanente.
Las advertencias son claras: el oficialismo no dará tregua en su campaña. Por el contrario, todo parece indicar que veremos una estrategia cada vez más confrontativa. Y liderazgos dispuestos a todo. En un momento tan crítico, la Corte podría ser la última línea de defensa frente a la deriva autoritaria. Y debemos estar preparados, como nunca, para defenderla.