Las imágenes de la brutal agresión que sufrió María Felicia Jiménez a manos de su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, provocaron indignación nacional. Resultó imposible no solidarizarse con la víctima y exigir justicia.
La denuncia fue ampliamente respaldada, tanto por la contundencia de las imágenes como por el valor de hacer público el abuso. "Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir y quitarme a mis hijos por su cercanía a las altas influencias de la Presidencia", escribió. Sus palabras reflejaron el temor sistémico que acompaña a las víctimas cuando el agresor concentra poder económico, político o social.
También fue inevitable recordar que no se trata de un caso aislado, sino del rostro visible de la violencia que viven miles de mujeres en México y que, con frecuencia, permanece oculta. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), siete de cada diez mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y cuatro de cada diez la han sufrido por parte de su pareja. Sin embargo, la desconfianza institucional y el temor a las represalias siguen siendo barreras críticas que obligan a la mayoría a guardar silencio.
Ese temor de Felicia no es infundado. En México, el influyentismo no aparece en los códigos penales, pero sí en la percepción ciudadana. Tampoco lo es el temor a nuevas agresiones. La evidencia científica muestra que la violencia de pareja presenta un riesgo relevante de reincidencia y que las promesas de cambio o las disculpas del agresor no constituyen, por sí solas, elementos suficientes para descartar ese riesgo.
Por ello sorprendió que, a solo unos días de iniciado el proceso judicial, María Felicia otorgara el perdón a su esposo tras aceptar un acuerdo de justicia restaurativa con el argumento de atender la estabilidad y bienestar de su núcleo familiar. La pregunta inevitable es si esta decisión fue tomada en condiciones de plena libertad o si refleja las dinámicas del ciclo de violencia que con frecuencia enfrentan las víctimas. En contextos de violencia de pareja, el perdón auténticamente libre suele requerir procesos prolongados de atención psicológica, acompañamiento y recuperación emocional.
Lo cierto es que el agresor ya está en libertad. También ofreció una disculpa pública: "...de verdad te digo, desde lo más profundo de mi ser, lo siento en el alma", y prometió someterse a tratamiento.
Aunque la violencia familiar se persigue de oficio y el procedimiento debe continuar independientemente de la voluntad posterior de la víctima, la determinación de las autoridades será crucial para demostrar que la acción del Estado no claudicará ante arreglos privados.
El desenlace será observado con atención, especialmente por las mujeres. No solo para conocer la situación jurídica del agresor, sino para constatar si la promesa de que "llegamos todas" se cumple cuando se denuncia a un hombre con conexiones en las altas esferas.
Dejar en libertad a quien ejerció una violencia tan explícita envía un mensaje desolador porque aniquila la esperanza de miles de mujeres de que la justicia, al menos, no las deje solas frente al miedo.
El perdón pertenece al ámbito personal de la víctima; la impunidad es una falla del Estado. El problema real surge cuando los arreglos privados terminan debilitando la acción de la justicia, minando la confianza en las instituciones y poniendo en riesgo a otras mujeres y a la propia agraviada.
Sin duda, el influyentismo constituye una forma de violencia social. Quien utiliza el poder o las influencias para obtener un trato privilegiado frente a la ley no solo vulnera el Estado de derecho; intimida a las víctimas y desalienta a quienes contemplan denunciar.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com