El gobernador Abbott y el derecho a la educación

La Constitución mexicana ha sido muy clara en su Artículo tercero, al señalar que todo individuo tiene derecho a recibir educación.

La Constitución mexicana ha sido muy clara en su Artículo tercero, al señalar que todo individuo tiene derecho a recibir educación; esto ha sido planteado considerando los derechos fundamentales del ser humano, y también los derechos del niño(a), donde se señala que todos tienen derecho a la educación. Sin embargo, en el estado de Texas, el gobernador Greg Abbott no está muy de acuerdo con esta proclamación, más bien está en contra, considerando la posibilidad de negar el acceso a los servicios educativos a los niños(as) migrantes que no tengan una situación migratoria regularizada.

En México el Artículo tercero constitucional es muy claro al respecto: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

A nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño, emitida por la Unicef, señala el derecho a la educación de los niños y niñas en sus Artículos 28 y 29, en donde los estados deberán velar por el interés superior de la infancia. El derecho a la educación de los niños migrantes se establece a nivel nacional en la Ley de migración, en donde se establece en el Artículo 52 que los menores migrantes serán considerados visitantes por razones humanitarias y recibirán, de acuerdo al Artículo 74, la protección conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde el derecho a la educación es fundamental.

A nivel internacional tenemos un marco jurídico que garantiza el derecho a la educación para los migrantes, especialmente los niños y niñas,  tenemos la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951; la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990; así como la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, donde se establece en su Artículo 2: “A nadie se le puede negar el derecho a la educación”.

El sistema educativo mexicano posee un 30% de deserción escolar en el nivel básico, donde en el nivel de primaria el problema más importante que presentan los alumnos es la repetición del grado, mientras que en secundaria lo es el abandono de estudios antes de terminar el nivel.

En cuanto a la migración interna, el  tema intercultural y el bilingüismo son  clave para apoyar al alumnado que proviene de otros estados, especialmente en la capacitación de los docentes en diversas lenguas indígenas.

En el ámbito binacional, los niños migrantes que durante cierto tiempo residen en México y otra parte del ciclo escolar en los Estados Unidos, han encontrado en el Programa Binacional de Educación Migrante, una cartilla educativa que les permite llevar a cabo este proceso continuo de inserción en un sistema educativo y otro, recibiendo con ello los apoyos educativos necesarios para fortalecer su escolaridad.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, sigue en sus aspiraciones políticas, tanto para su reelección como gobernador, como en su intención de ser considerado, por parte del partido republicano, el  sucesor natural de Donald Trump.

Sus estrategias antiinmigrantes son ya conocidas: continuar con el muro  en la frontera de ambos países, especialmente en el territorio de Texas, estar en contra de levantar el Título 42 que permitía por razones de salubridad regresar inmediatamente a los migrantes, así como enviar a los migrantes  en autobuses a la capital de Washington, el exacerbar las revisiones fronterizas para presionar al gobierno mexicano para que aplique mayor control en contra de los migrantes; declarar como invasión la ola migratoria, y ahora, el intentar negar la educación a niños(as) migrantes.

Es hora de que Texas intente nuevamente limitar la responsabilidad del estado (federado) de educar a los no ciudadanos”, declaró  recientemente. Para ello, llevará a cabo un proceso legal, para echar abajo un fallo de 1982 de la Suprema Corte,  conocido como  el caso Plyler v. Doe, donde el Tribunal Supremo obligó a los estados, que sufraguen los costos y apoyen a las escuelas públicas para brindar educación a todos los niños, incluidos los migrantes.

Sobre esto insistió el gobernador texano: “Creo que resucitaremos este caso nuevamente y cuestionaremos este tópico, porque los gastos son extraordinarios y los tiempos son diferentes a aquellos en los que se decretó Plyer V. Doe”.

En el contexto de las elecciones próximas de noviembre, el candidato a gobernador de Texas, por parte del partido demócrata, Beto O´Rourke, señaló de manera crítica: “el Gobernador Abbott está en contra de proveer educación pública a todos los niños de Texas. Ahora ha dicho en voz alta lo que sabemos que ha estado planeando desde que se convirtió en gobernador, está tratando de recortar el presupuesto de nuestras escuelas públicas”.

Es difícil legalmente que el gobernador Abbott logre echar abajo un fallo previo de la Suprema Corte, donde se obliga a los estados a brindar educación a todos los niños(as) independientemente de su condición migratoria, derecho que como ya vimos se encuentra bajo el amparo de un marco jurídico internacional muy amplio.

Donald Trump no es un buen ejemplo a seguir, sí, logró ser presidente del país más poderosos del planeta, pero con principios éticos muy cuestionables, especialmente el establecer como política la separación de los niños(as) migrantes de sus familias, violentando con ello el derecho a permanecer juntos, como lo establece el Artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño.

Aconsejamos al gobernador Abbott, deje a un lado las tácticas y estrategias propias del ex presidente, y trate de hacer política con valores y principios, apegado y respetando  los derechos humanos fundamentales.