El monstruoso iceberg con que podríamos equiparar la crisis migratoria en la que estamos inmersos, no acaba de emerger, pero ya deja ver diversas y varias de sus filosas puntas a lo largo y ancho del país.
Cómo entender, si no, que cuando apenas nos desaturdíamos del impacto provocado por el cobarde abandono de centro y sudamericanos encerrados en una estación de control migratorio de Ciudad Juárez que el fuego consumía, sin que algo hicieran las autoridades para salvar las cuarenta vidas que las llamas devoraron, un grupo de veinte personas era reportado desaparecido en San Luis Potosí y su búsqueda, llevado al rescate de otros 120 secuestrados, muchos de ellos extranjeros migrantes.
Y así miles de historias de horror de niñas, niños, mujeres y hombres que recorren kilómetros y kilómetros de caminos dominados por el crimen organizado y autoridades corruptas que igual los victimizan, que evaden la contención militar impuesta aquí y llegan a Estados Unidos para ser detenidos y deportados a nuestro país, donde esperan a ser aceptados o definitivamente rechazados.
La política migratoria de AMLO y la 4T es un fracaso. Empezó en sus actuales términos con la militarización acordada con el gobierno de Donald Trump en junio de 2019 tras su amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, si no se contenía el abrumador flujo de migrantes.
Puede intuirse que, de haberse cumplido tal amenaza, los daños económicos serían brutales. No sé si tanto o más que la crisis humanitaria que la migración ilegal nos ha traído.
El hecho es que el problema migratorio está estacionado en nuestro territorio y es creciente. La militarización no lo ha contenido ni la ha controlado. La negligencia criminal que vimos en Ciudad Juárez es una muestra palmaria de que la crisis tocó fondo. Ahí pudimos ver que no solamente se agregó fuerza militar a la estrategia contención y detención, sino que cambió la concepción humanista (de un gobierno que se dice humanista) de la migración en tránsito.
Un dato que aporta el especialista en el tema y ex comisionado nacional de Migración, Tonatiuh Guillén: En 2022, Estados Unidos registró 2.6 millones de arribos ilegales a su frontera, la más alta de la historia. Un tercio de ese total (866 mil) son mexicanos en movilidad laboral y el resto son extranjeros en su mayoría solicitantes de refugio. Es gente que huye de la aniquilación.
Ha habido un giro radical en las causas de esa migración. Los que ahora migran son en su mayoría solicitantes de refugio (familias, mujeres y niños). Por ello -considera Guillén- desaparecer o cambiar al INM como ha propuesto AMLO, no es la solución. "La institución que debe de tener vanguardia y coordinar las estrategias de atención es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y no el INM, menos la Guardia Nacional o el Ejercito", agrega.
Es decir, el marco jurídico predominante en esta coyuntura recae en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Desde ahí debe partir la urgente rectificación de la 4T en su política migratoria.
Antes, por supuesto, deberán deslindarse las responsabilidades directas, indirectas y políticas de los ocurrido, lo que no se ve en el horizonte pues han pasado dos semanas del incendio y el comisionado nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez ni siquiera ha dado la cara.
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