“Cuatro mil 400 millones de personas viven en países donde el Estado de derecho es más débil ahora que el año pasado”. Esta es una de las lapidarias conclusiones del más reciente informe de World Justice Project (WJP), presentado hace unos días. México destaca de forma poco halagüeña: estamos en el lugar 115 de 140 países analizados, así como en la posición 27 de 32 latinoamericanos. Además, la calidad de nuestro Estado de derecho se ha deteriorado sistemáticamente durante los últimos cuatro años.
El oficialismo, naturalmente, se apresuró a descalificar al WJP por ser una organización extranjera, en lugar de hacerse cargo de las realidades que exhibe el diagnóstico. Por lo demás, el debate se ha quedado en el ranking como dato en sí mismo, sin abrir una discusión más profunda.
Habría que empezar aclarando que el WJP, si bien es una organización foránea, construye sus indicadores a partir de información que recopila entre especialistas y ciudadanos nacionales de cada país que estudia. No se trata de forasteros con agendas injerencistas, sino de datos aportados por los propios mexicanos, que reflejan nuestra precaria situación en rubros como justicia penal o derechos fundamentales.
Más importante, análisis como éste aportan información útil y sistematizada que gobiernos de todos los órdenes, legisladores y sociedad civil podrían convertir en acciones puntuales. Quienes nos dedicamos al servicio público nunca habíamos tenido tanta información disponible y metodologías tan rigurosas que nos permitieran diseñar instituciones funcionales, generar legislación útil o medir la eficacia de las políticas públicas.
Por ejemplo, el reporte del WJP identifica tres inercias específicas para México: 1) el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales, sumado al encogimiento del espacio cívico; 2) el deterioro de los sistemas de justicia penal y 3) el estancamiento en materia de combate a la corrupción. Además, revela cuáles entidades federativas han tenido avances, retrocesos o parálisis.
Sólo con esto, podrían construirse agendas legislativas multipartidistas; los gobiernos locales y federal podrían instruir a sus respectivos gabinetes dar atención prioritaria a estos temas, así como hacer asignaciones presupuestales más estratégicas. La sociedad civil organizada y los especialistas también pueden encontrar en este estudio una hoja de ruta para impulsar proyectos diversos.
No hay duda: el actual gobierno federal ha hecho mella en la de por sí frágil cultura de la legalidad, cuando saltan a la luz múltiples, abiertas e impunes violaciones a la Constitución y a las leyes. Sin embargo, la lucha entre el país de la legalidad y el país de la realidad es un asunto de muy larga data en nuestro país. Hoy, en un nuevo tiempo y retos renovados, parecería que avanzamos a dos velocidades: durante décadas, a la par que México ha crecido económicamente, las instituciones que deben garantizar Estado de derecho se han quedado a la zaga.
Podría argumentarse que en buena medida es un problema cívico estructural: el respeto por la ley no ha permeado como norma dominante, aunque el diseño institucional y legislativo es indispensable para lograr un cambio. Sin ir muy lejos, tenemos ejemplos como el INE, que en una generación cambió para bien la forma como organizamos el acceso democrático al ejercicio del poder público, y que hoy más que nunca debemos defender. Pero para esto, requerimos diagnósticos e información que nos ayuden a construir grandes acuerdos multipartidistas. Hoy tenemos el privilegio de contar con estos recursos, habría que usarlos con visión de Estado, en lugar de desestimarlos desde la ideología.
Senadora de la República.
@ruizmassieu