Emprender en México es sumamente difícil. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, si una persona decide iniciar alguna actividad comercial o empresarial, tiene 70% de probabilidad de fracasar en los primeros 3 años de operación.
Entre los factores que favorecen la probabilidad de fracasar se encuentran el alto costo del dinero, la dificultad de obtener créditos y la sobre regulación para emprender e innovar.
Aunado a ello, factores determinantes para el fracaso son los costos y riesgos que significa ser víctimas de delitos, enfrentar a la delincuencia o simplemente competir en un mercado donde algunos venden deslealmente productos ilícitos.
En nuestro país es una realidad que muchos entre aquellos que decidan arrancar una actividad empresarial, deberán pagar dádivas a funcionarios corruptos para facilitar los trámites y regulaciones administrativas.
Quien decida emprender un negocio que implique la distribución y venta de productos, deberá considerar el costo y riesgo que le pueda representar el robo de mercancía o de maquinaria.
Independientemente del tamaño de la actividad -desde un pequeño negocio hasta una gran empresa- o del giro, hay una alta probabilidad que los empresarios deban enfrentar el costo y el peligro que significa ser víctima de extorsión.
Según datos del Consejo para el Desarrollo y Fomento del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar (Concomercio), durante el 2021 se registraron más de 800 mil casos de pequeños comercios a los que les pidieron pago por derecho de piso.
En lo que va del 2023 se calcula que entre el 20% y el 25% de los giros mercantiles son víctimas de alguna forma de extorsión.
A lo anterior debemos agregar los problemas de competir en mercados donde hay algunos competidores que venden productos de precedencia ilícita -porque no cumplen con las regulaciones, porque son productos robados, contrabandeados o apócrifos- a precios menores.
Dado todo lo anterior, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) unimos esfuerzos y llevamos a cabo el foro "El Control Ilegal de los Mercados Formales y su Impacto Económico y Social" con el fin de analizar los retos que enfrenta el sector productivo en México ante los diversos fenómenos de ilegalidad y proponer posibles soluciones.
Las ponencias y testimonios pintaron un escenario donde todo apunta a la ausencia de incentivos para iniciar una actividad empresarial formal.
Quienes participamos en las diferentes mesas -empresarios, cámaras, sociedad civil, autoridades, académicos y legisladores- coincidimos en que:
1. Los ilícitos son cometidos tanto por individuos, bandas y delincuencia organizada, como por autoridades.
2. Mientras más pequeña sea la actividad comercial, más vulnerable es ante cualquier amenaza o agresión de la delincuencia.
3. Debido a los muchos casos de corrupción e incapacidad institucional probados, así como el abandono a las víctimas, no hay confianza ni incentivos para denunciar.
4. Si se quiere revertir el problema de la falta de denuncia se deben establecer mecanismos para hacerlo de manera segura, anónima, fácil y rápida.
5. Se debe reformar el marco normativo para eliminar la necesidad de ratificar delitos; para homologar los tipos penales de aquellos ilícitos que afectan a la mayoría de los comerciantes y empresarios del país; para establecer tramos de responsabilidad entre autoridades; para incorporar las nuevas y diferentes manifestaciones de los delitos; para proteger a víctimas y testigos.
6. Se requiere una fuerte inversión de tiempo, dinero y esfuerzo para fortalecer el desempeño institucional.
7. En materia de contrabando es necesario que las autoridades aduanales cumplan cabalmente con sus funciones tal y como se establece en la norma y los reglamentos.
8. Se deben reducir las sobre regulaciones y agilizar trámites para evitar la coerción de autoridades y la solicitud de dádivas.
9. Urge un programa que permita un verdadero combate a la corrupción.
10. Es imperativo que todo ello se encuentre anclado a una estrategia de largo respiro, que no depende de voluntades individuales ni de ocurrencias momentáneas para que puedan verse los frutos de tales reformas.
Es claro, con base en las participaciones de dicho foro, que ninguna de las grandes promesas del actual gobierno federal -abatir la corrupción, eliminar la desigualdad socioeconómica y pacificar al país- se han cumplido.
Es evidente que desde el gobierno federal hasta los gobiernos locales han abandonado al sector productivo del país, aún cuando este emplea a más de 41 millones de personas en nuestro país.
Si queremos que México sea un país próspero, con más incentivos a la legalidad y menores niveles de desigualdad, urge combatir la corrupción, facilitar la iniciativa empresarial, promover la innovación y reducir todos esos delitos que debilitan al sector privado y que ponen en riesgo la vida de muchos mexicanos y el patrimonio de tantas familias.
El autor es Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL