Es un reclamo patriótico y con gran preocupación ante el panorama que hemos visto en días recientes. El presidente López Obrador con regocijo y satisfacción celebra el número de legisladores federales que su partido obtuvo en ambas Cámaras; de la misma manera que en el interior de la República, tiene mayoría morenista en las legislaturas de los estados.
De esa forma pueden ser aprobadas las reformas constitucionales cuyas iniciativas presentó el pasado cinco de febrero, como un mensaje de que si ese día en 1917, el Congreso Constituyente promulgó nuestra Constitución vigente, él presenta sus demoledoras reformas, para convertirse en el hacedor de un nuevo Estado de Derecho el 5 de febrero del 2024.
Lo preocupante también es que la doctora Claudia Sheinbaum en los últimos días se ha dedicado a alabarlas e invitar a legisladores de Morena a que apoyen esas modificaciones. Se ha olvidado de la inseguridad que vivimos, de los miles de muertos que día a día aumentan el total de las defunciones por causas violentas; de la ausencia del Estado de Derecho en muchas zonas del país; de extorsiones que se miran como habituales y solo se refiere a las reformas constitucionales y a intentar convencer que las mismas no tienen por qué espantar las inversiones, lo que obviamente es inexacto.
Se realizaron unas encuestas, y de las mismas se concluye que el pueblo si quiere que se reforme la Constitución. Estoy seguro que la mayoría de los encuestados ni las conoce, ni puede valorar el peligro que entrañan para la vida institucional de la Nación; son realmente peligrosas para la vida del país.
Hemos de entender que en estos momentos la Presidenta Electa se encuentra obligada a apoyar las ideas realmente obsesivas de López Obrador.
Confiemos que su talento, y amor al pueblo como lo ha venido diciendo se materialice y detenga esas reformas y así, de verdad, salve a México.
Entre las iniciativas que se pretende sean aprobadas, y que más le urgen al Titular del Ejecutivo, está la llamada reforma judicial.
Con esta reforma se desea establecer que con mecanismos democráticos se permita que la ciudadanía determine quiénes serán ministros y jueces.
Los actuales jueces serían substituidos por quienes resultaran triunfadores en las elecciones a que se convocará. Actualmente en el Poder Judicial Federal, para ser Juez, se deben presentar rigurosos exámenes de conocimientos, además de tener antecedentes de una conducta digna para aspirar a esas responsabilidades.
Tratándose de los ministros, es el Presidente quien propone al Senado que designa, salvo en el caso de que no sea aprobada una terna en dos ocasiones, entonces es el Presidente quien nombra directamente. Como en el caso del nombramiento de Lenia Batres.
Sin embargo, siempre, a excepción de la última integrante de ese cuerpo colegiado, todos los profesionistas propuestos han sido juristas de valía.
El procedimiento propuesto pondría a los funcionarios judiciales, dependientes de los partidos políticos, de Morena concretamente, por como se vieron los resultados recientes; la división de poderes desaparecería y sería una auténtica sumisión de poderes al Presidente, en este caso a la Presidenta.
Se crearán también dos organismos también integrados por votación popular que tendrán la tarea de supervisar las tareas de los jueces, y en su caso sancionarlos, siendo estas resoluciones inatacables y definitivas.
Por eso Doctora, sálvenos de esa manera usted también afianzará la autoridad que debe tener. Seguiré comentando estas reformas, ojalá los legisladores las conozcan y aun sin ser abogados se den cuenta cómo se atenta contra México en caso de ser aprobadas, y en un acto de congruencia nacionalista, las rechacen a pesar de que López Obrador esté obsesionado con ellas.