"Es deber de todos los partidos promover por todos los medios a su alcance la productividad de nuestro país. Sin embargo, lo más importante es que no se engañe al pueblo." Así se refería Winston Churchill al papel de los parlamentarios frente a las acciones del gobierno en octubre de 1947.
En aquellos años, el entonces Primer Ministro Clement Attlee promovía la nacionalización del carbón, gas, electricidad y transporte. Churchill, como líder de la oposición, expresaba su preocupación argumentando que conducirían al estancamiento económico, a la pérdida de libertades individuales y al debilitamiento de la democracia. Churchill sería un crítico feroz de las políticas de Attlee hasta 1951 cuando ganaría las elecciones que lo llevarían nuevamente al cargo de Primer Ministro.
El papel de los parlamentos es representar a la ciudadanía y su diversidad en el órgano responsable de tomar las decisiones. Tener oposición en los órganos legislativos permite a la ciudadanía controlar el poder del gobierno y elevar la voz ante los abusos. Lo ocurrido en México el pasado fin de semana en el Senado es una muestra de la forma en la cual no debe funcionar un órgano legislativo. La representación sin representantes de oposición es una farsa.
Las violaciones al proceso legislativo son vergonzantes y ponen en entredicho el talante democrático de los legisladores de Morena. Mucho se ha dicho y escrito desde ese día sobre la forma en que, a punta de omisiones y tergiversaciones al reglamento, los senadores oficialistas reunidos en la Casona de Xicoténcatl lograron obtener un muy dudoso quórum. Una carta de solicitud de licencia de la senadora Balderas, llegada directamente desde Bruselas el 28 de abril donde ella se encontraba en aquel momento y para la que el reglamento requiere firma autógrafa y la causa de la solicitud. No contiene ni la una ni la otra y tampoco tiene sello de recibido de Oficialía de Partes.
Más aún, una nueva carta de la misma senadora solicitando su reincorporación a partir del día 29 de abril y recibida ese mismo día, esa sí con sello de Oficialía de Partes. Tal carta fue incorporada en la gaceta, sin embargo, hasta el 3 de mayo ¿desde qué fecha volvió a ocupar el cargo la senadora Balderas? Porque el 29 de abril, su suplente, en funciones desde el 28, estuvo votando dictámenes que podrían ponerse en entredicho.
Pero la violación más grave tiene que ver con el cambio de sede. El reglamento del Senado establece que se puede cambiar de sede temporalmente. Eso justificó la Mesa Directiva al anunciar el cambio de sede a las 5 de la tarde. Sin embargo, sustentaron ese cambio en el numeral 4 del artículo 46 para lo cual se requería la consulta con la Junta de Coordinación Política. Algo que, de acuerdo a lo declarado por los coordinadores de los Grupos parlamentarios de oposición, no sucedió.
En realidad, el cambio de sede se sustenta en el numeral 3 que permite cambiar a otro lugar fuera del recinto senatorial, pero para ello se requería convocar al pleno y obtener el voto de la mayoría de los senadores presentes. Eso no sucedió. El presidente del Senado solamente anunció el cambio de sede y al reanudar la sesión por la noche desde la casona de Xicoténcatl lo hizo sustentado en el numeral 4.
Existe un precedente en la Corte que establece los principios para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo podrían provocar la invalidez de una norma. La primera de ellas se refiere precisamente a que dicho procedimiento debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas en condiciones de libertad e igualdad. Al no someter a la votación del pleno el cambio de sede, el presidente de la Mesa Directiva le negó a la oposición ese derecho establecido para que las minorías puedan también expresarse.
Dejar sin voz a la oposición atenta contra la conducción democrática de un órgano plural como el Senado, órgano que representa a la ciudadanía incluida la oposición y las minorías. El fin de semana se aprobaron 20 dictámenes que nos afectan a todos, la oposición no tuvo oportunidad de ser escuchada ni de participar. Corresponderá a la Corte decidir en las acciones de inconstitucionalidad que se sometan. Y a nosotros como ciudadanos darnos cuenta hasta dónde la mayoría oficialista ha dejado de lado la política y el diálogo para imponer sus mayorías. Una vergüenza.
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