Ante las situaciones críticas —y hasta hace poco impensables, dado el nivel de evolución del pensamiento— que hoy se viven con la intervención en Venezuela y las amenazas militares del gobierno de Donald Trump hacia Cuba y México, hay tres palabras que vuelven a cobrar sentido en la vida de las naciones: legitimidad, restitución y libertad. Son valores que pertenecen al pueblo y que hacen posible la estabilidad necesaria para avanzar.
La legitimidad es el reconocimiento del poder, de la autoridad y de los derechos. Proviene del latín legitimus, derivado de lex (legis), ley. En su origen, lo legítimo era aquello conforme a la norma; con el tiempo, el concepto se amplió para incluir el reconocimiento social y moral de la autoridad. Ningún poder se sostiene únicamente por la fuerza. Como advirtió Max Weber, incluso los regímenes más duros requieren algún grado de aceptación para perdurar. Cuando la legitimidad se pierde, la coerción sustituye al consenso.
Restituir significa devolver a quien corresponde lo que le fue arrebatado. Proviene del latín restituere: volver a poner en su lugar. En la vida pública, restituir implica restaurar derechos vulnerados, corregir abusos y sobre todo, reparar daños causados por el ejercicio arbitrario del poder. Sin restitución, no hay reconciliación posible ni confianza social duradera.
Cuando las decisiones se legitiman y se restituye lo que fue injustamente quitado, se abre paso a la libertad, no como concesión del poder, sino como la posibilidad real de vivir con dignidad y paz.
Cuando el entorno se vuelve hostil, la exigencia es clara: reconocimiento de derechos y restitución de lo perdido. Por ello, la acción política debe guiarse no solo por la legalidad formal, sino por el respeto irrestricto a la dignidad.
En América hay casos, no aislados, en los que las libertades cívicas y los derechos humanos han sufrido retrocesos, incluyendo el debilitamiento del Estado de derecho, el hostigamiento a la prensa y la criminalización de la protesta pacífica. Venezuela, además de lo anterior, no cuenta con un gobierno legítimo según numerosos observadores y autoridades internacionales, pues los procesos electorales que llevaron a Nicolás Maduro a un nuevo ejercicio del poder carecieron de condiciones plenas de competencia electoral y transparencia, profundizando la fractura institucional y social del país. Cuba, aunque su presidente es reconocido formalmente conforme al derecho internacional, enfrenta críticas persistentes por la represión de la disidencia, la detención de activistas y periodistas, y las restricciones sistemáticas a las libertades civiles.
Otros países de la región muestran también retrocesos preocupantes. En Nicaragua, organismos internacionales han documentado una represión sostenida contra la oposición y la sociedad civil. En El Salvador, el uso prolongado de estados de excepción ha derivado en detenciones masivas y vulneraciones al debido proceso. Estos casos muestran que, ante la falta de legitimidad, de restitución de derechos, así como las restricciones a la libertad socavan la dignidad y la convivencia democrática.
Lo relevante es que el ejercicio auténtico de estos valores no puede imponerse desde fuera. Las intervenciones externas, aun cuando se presenten como liberadoras, vulneran el principio de autodeterminación de los pueblos. La dignidad no se exporta, se reconoce. La libertad no se impone, se construye desde dentro de la comunidad política. La legitimidad, a su vez, exige Estado de derecho.
En un contexto internacional marcado por la amenaza y la imposición, volver a estas palabras no es un ejercicio académico, sino una toma de posición ética para defender la dignidad, respetar la autodeterminación de los pueblos y sostener la paz entre las naciones.
Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com