Los acontecimientos de los últimos días, nos confirman la determinación gubernamental de seguir con la ruta de instaurar una dictadura que elimine el equilibrio de poderes (propio de las democracias), igual que los controles constitucionales y legales necesarios para evitar los excesos del Ejecutivo.
A la ruta de la militarización (ingenuamente acompañada por una parte de la oposición), se le ha agregado la presentación de una iniciativa de reformas a la Constitución, que tiene como objetivo desaparecer al INE como órgano autónomo e independiente, a los Tribunales Electorales, y a los órganos locales electorales; al igual que suprimir el financiamiento público a los partidos políticos, y el establecimiento de nuevas reglas para integrar las cámaras legislativas, a fin de disminuir -hasta desaparecer- el papel de las fuerzas políticas opositoras .
El argumento reiterado en las infames mañaneras, es que “este sistema electoral cuesta mucho dinero y que mejor debe destinársele al gasto social”, de que han realizado varios remedos de “consultas populares” con un costo cercano a los 6 mil millones de pesos.
Ahora plantean que los Consejeros y Jueces electorales ¡sean electos por voto popular! Supuestamente “para evitar el control de los partidos en su designación”; pero ¿cuánto costarán esos procesos electivos y quién los organizará? ¿Harán los aspirantes, campaña en todo el país con dinero público, sin la participación de los partidos y del gobierno?
En realidad, esta propuesta de reforma vista en su conjunto, es un amasijo de contradicciones envueltas en verborrea seudodemocrática para ocultar el fondo del asunto: El gobierno quiere adueñarse de todo el proceso para organizar las elecciones porque teme perder los comicios del 2024.
Por esa razón, después de la multitudinaria marcha ciudadana del pasado 13 de noviembre, el reyezuelo de palacio convocó a sus huestes a salir a las calles para evitar que, en la percepción de la sociedad, quedara la idea de que la oposición tenía más apoyo que él.
Y lo hicieron ostentosamente, usando cínica y descaradamente recursos públicos cercanos a los dos mil millones de pesos, tirando ellos mismos, por la borda, su falso discurso de austeridad republicana. Fue una manifestación de lo peor de la vieja política autoritaria que hayamos conocido en nuestro país.
Por eso, ante ese escenario tan preocupante debemos celebrar que toda la oposición haya cerrado filas para votar en contra de las mencionadas reformas constitucionales y evitar su aprobación.
Esto es un indiscutible triunfo de la sociedad progresista y es un triunfo de la oposición, lo cual contribuye a reconstituir la confianza entre los partidos de la Coalición Va por México, después del voto priísta en favor de la militarización.
En esta nueva situación que se está configurando, habrá condiciones para ir en alianzas en el 2023 en los estados de México y Coahuila, y empezar a pavimentar el camino para conformar -con miras al 2024- un Amplio Frente Opositor, Progresista y Democrático para derrotar al monstruo del autoritarismo.
Al mismo tiempo, debemos mantenernos muy pendientes sobre qué tipo de reformas legales querrá enviar en los próximos días, López Obrador al Poder Legislativo, porque corremos el riesgo de que presenten iniciativas regresivas que violen la Constitución, como lo hicieron con la Ley de la Guardia Nacional.
AMLO es un individuo que nunca se da por vencido. Va a mantener su intención de aplastar a la oposición para establecer un régimen dictatorial; ahora, de la mano de las fuerzas armadas a cuyas cúpulas ha ido cooptando con jugosas dádivas, y en complicidad con grupos del crimen organizado para ganar elecciones.
Estamos, pues, ante un gobierno fracasado, que no tiene nada de "humanista", enredado en la desesperación por sus propios fracasos, y que ha derivado en una Coalición con militares corruptos y el crimen organizado. Es decir: Un narco- Estado, un Estado Fallido.
La profundización y consolidación de esa tragedia nacional, es la que debemos derrotar. Lo tenemos que hacer juntos, en amplia unidad opositora.
Presidente nacional del PRD