La pregunta que se ofrece en la boleta de la consulta el primero de agosto no inquiere si estamos de acuerdo con que se aplique la ley para esclarecer "las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos" y "garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas". El Presidente y su partido la propagan especificando que de lo que se trata es de si estamos de acuerdo con juzgar a expresidentes. Es difícil imaginar que cualquiera, con mediano buen juicio, respondiera que no. Sin embargo, la pregunta nos enfrenta a otro problema. ¿Por qué usar la figura de consulta popular para preguntar sobre algo que es obvio? Si los expresidentes, o como reza el eufemístico texto, los "actores políticos" han cometido delitos, es obligación del gobierno proceder para llevarlos ante la justicia. El gobierno incumple con esa obligación.
El Presidente ha dado señales encontradas. En julio de 2020 dijo que votaría en contra porque que no le interesaban las revanchas, y que dedicarse a perseguir a los culpables de latrocinios contra el país por administraciones anteriores distraerá de lo principal, gobernar para resolver los problemas. Eso mismo es ya una contradicción: si el problema mayor que tiene que resolver según su agenda de gobierno es la corrupción, sería lógico que actuara contra los presuntos culpables sean o no de administraciones pasadas. Sin embargo, parece que se arrepintió y ahora quiere calar el respaldo que tendría para cumplir la obligación. Por más que se quiera entender, lo cierto es que no se entiende nada. Si la ley faculta al gobierno para proceder contra los corruptos del pasado sólo hace falta actuar, no pedir permiso o respaldo. Permiso no necesita y el respaldo ya lo tiene. Hace mucho que los mexicanos, personificados unos como fuente ovejuna y otros con sus nombres y apellidos, dijimos "todos a una": enjuicien a todos aquellos de los que se tenga evidencia de delito.
Entonces, no cabe más que sospechar que la "consulta" persigue otros fines. ¿Pero cuáles? El primero y más obvio es distraer la atención de los problemas más graves como la crisis de salud, la recesión económica, el aumento del número de pobres y de la desigualdad durante este gobierno (no solamente en los anteriores). El segundo y más perverso sería que el gobierno, previendo una concurrencia raquítica de electores, calculara que la falta de interés equivaliera a un "no" y justificara la lenidad de para procesar a los peces gordos ya encausados y dar por aprobado lo que a todas luces se muestra como un pacto de impunidad para proteger ex presidentes y las redes cleptocráticas que les acompañan. O bien, el Presidente espera que haya un vuelco masivo a las urnas para ratificar la exigencia de ajustar las cuentas con el pasado y entonces tenemos un misterio: ¿procederá? Apuesto a que no lo hará.
Hay algo más en el fondo de esta farsa, por llamarle de algún modo. La consulta popular es una figura valiosa de democracia directa dentro de la democracia representativa. Muchos países la practican como método para que la ciudadanía decida medidas de gobierno o política pública en situaciones en las cuales no es evidente cómo deben proceder las autoridades. Por ejemplo, construir o no una refinería o destruir un aeropuerto o construir una vía de tren. Los tres son casos en los que este gobierno no ha creído necesario hacer una consulta popular que no sea patito y en todos ellos hubiera sido pertinente. En suma, el uso que Morena hace de la consulta popular la degrada a un mero acto circense, que seguramente utilizará el Presidente para culpar a los gobiernos anteriores de todo lo pasado y de lo que ha sido incapaz de hacer él mismo y medir la temperatura del agua para hacer o no hacer el referéndum revocatorio en 2022.
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